Un informe de la Fiscalía de La Paz señala que la compra de equipos antimotines en 2019 alcanzaba a Bs 2 millones y eran destinados a las FFAA. Pero en el lapso de dos meses, con la intervención del exministro Arturo Murillo, esa cifra se disparó hasta los Bs 39,3 millones que finalmente desembolsó el Banco Central de Bolivia (BCB).
Ese contrato fue firmado en octubre de aquel año entre el representante de la empresa Cóndor SA, Industria Química, Horacio Rafael Guzmán Escobar, y el entonces ministro de Defensa, Luis Fernando López. Dos meses después la figura cambiaría radicalmente.
“Dicho Ministerio suscribió en la ciudad de La Paz, Bolivia, el Contrato Administrativo en fecha 19 de diciembre de 2019 con la empresa Bravo Tactical Solutions, para la provisión de agentes químicos de la empresa Cóndor (fabricante), no evidenciándose justificación al respecto”, señala parte de la relación de hechos de la Fiscalía en La Paz.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, entre octubre y diciembre de 2019 se cambiaron los requerimientos de este tipo de material y la cifra creció abismalmente por intervención directa de Arturo Murillo.
Según el documento, el 10 de diciembre de 2019, nueve días antes de la suscripción de contrato entre López y Bravo Tactical Solutions, la empresa Cóndor le hizo llegar la cotización del material, no al ministro de Defensa, sino a su colega de Gobierno, Arturo Murillo.
La compra de los gases fue avalada con la firma de tres decretos. El 4090 del 3 de diciembre de 2019 que autorizó la adquisición de estos pertrechos. El decreto 4116 del 12 de diciembre de 2019 que autorizó la compra en el exterior y por invitación directa. Finalmente, el decreto 4168 del 28 de febrero de 2020, que es el que autoriza el desembolso de Bs 40.068.000 para la compra del material.
Lo que significa que, mientras aceleraba la firma del decreto, Murillo ya recibía las cotizaciones de la empresa. El reporte de la Fiscalía refiere que al final todo el equipo fue fabricado y entregado por Cóndor SA, Industria Química y que esa empresa tiene representantes en Bolivia.
“El entonces Ministro de Defensa Luis Fernando López Julio emite la Resolución Ministerial Nº 0689 de 18 de diciembre de 2019, que autorizaba el inicio de la contratación directa en el extranjero de agentes químicos para las Fuerzas Armadas”, señala el documento y precisa que solo se consideraba la oferta de la empresa Bravo Tactical Solutions, pese a que esta empresa no cumplía los requisitos para adjudicarse un contrato de semejante monto.
El Estado boliviano desembolsó la suma de Bs 39.317.998 que al cambio de la moneda estadounidense equivalen a de $us 5.649.137. Los pertrechos que compraron alcanzaron la cifra de $us 3,3 millones, mientras que se presume que los $us 2,3 millones restantes fueron repartidos entre Murillo y sus socios.
EL DEBER
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