La concejal opositora, Angelina Zeballos (Frente Para la Victoria), denunció que el miércoles en la noche, después que el Ministerio Público determinó la aprehensión del alcalde temporal suplente, Zacarías Jayta, y del presidente del Concejo Municipal, Víctor Osinaga, sorprendió a funcionarios de la Alcaldía de Quillacollo sacando de las oficinas cheques por montos millonarios con la firma de Jayta.
Según Zeballos, los cheques también tenían la firma del asesor financiero, Carlos Herbas, por montos que oscilan entre Bs 10.000 hasta Bs 1.100.000, a favor de algunos funcionarios.
Jayta y Osinaga son acusados por los delitos de concusión y uso indebido de influencia por los presuntos cobros de diezmos a empresas a cambio de la adjudicación de proyectos.
Los representantes de los sectores sociales que el miércoles en la noche realizaban vigilia en la Alcaldía de Quillacollo denunciaron que los funcionarios, al conocer de la aprehensión de las autoridades, sacaron documentación.
La concejal mostró las fotocopias de los cheques recuperados e informó que los originales fueron entregados al Ministerio Público para que se investigue la razón por la cual los estaban sacando de la Alcaldía. Agregó que los cheques tienen fecha de 2018. Mencionó como ejemplo uno de agosto de 2018 del Banco Unión a nombre de Jesús Saldívar, el exfuncionario que sacó a la luz la presunta red de corrupción para el cobro de coimas a las empresas a cambio de la adjudicación de proyectos y cómo se repartían.
La concejal Angelina Zeballos muestra las fotocopias de los cheques. Foto: Redes sociales
INDIGNACIÓN
Tras la aprehensión de Jayta y Osinaga, los representantes de los sectores sociales de Quillacollo expresaron su indignación por la situación que vive el municipio y exigieron la renuncia de todos los concejales y autoridades quillacolleñas.
El presidente del Control Social, Richard Fernández, manifestó su preocupación por la paralización de obras y proyectos debido a que Quillacollo se encuentra sin Alcalde ni presidente del Concejo Municipal. “En febrero teníamos que arrancar con la construcción de obras, pero ahora tenemos una ciudad paralizada (…) Estos actos causan daño a Quillacollo y los que sufren son los pobladores”, lamentó.
Acotó que aguardarán el resultado de la audiencia de medidas cautelares que se prevé se realice hoy, para tomar una determinación.
Por otro lado, el representante de la Central del Transporte, Freddy Flores, mencionó que su sector está siendo perjudicado por los problemas políticos. Adelantó que sostendrá un ampliado para determinar las acciones a asumir.
Por parte de los comerciantes, Bernardina Nina, agregó que sus proyectos se ven truncados, ya que tenían un pliego petitorio que debía ser aprobado por el Alcalde.
¿QUIÉN GOBIERNA?
El concejal Antonio Montaño aclaró que el Concejo Municipal sigue con el normal desenvolvimiento de las sesiones y mientras no exista un fallo judicial de detención preventiva o arresto domiciliario para Jayta y Osinaga, el pleno no puede tomar determinaciones.
“Como Concejo estamos tratando temas como el desayuno escolar y otros pendientes, el trabajo no para”, aseguró Montaño.
El concejal aclaró que, según la normativa, las autoridades solo pueden ser suspendidas con un dictamen judicial.
El secretario General de la Alcaldía, Adam García, garantizó que la atención en las dependencias de la municipalidad es normal, por lo que la población puede realizar sus trámites. Agregó que se ha instruido a los funcionarios que no retiren documentación de la Alcaldía y mantengan la calma. Aclaró que aguardarán la determinación de la audiencia de medidas cautelares para emitir un pronunciamiento.
RENUNCIAS
Tras conocer la aprehensión de Jayta y Osinaga, tanto el asesor legal del Concejo Municipal, Luis Camacho, como el director de Transparencia del Ejecutivo municipal, Víctor Salinas, presentaron sus cartas de renuncia alegando motivos personales.
El concejal Montaño lamentó estas decisiones, ya que se refleja el malestar de los funcionarios por la crisis que atraviesa la Alcaldía.
Representantes del viceministerio de Transparencia en la Alcaldía.
CORRALES NO DECLARÓ
El Ministerio Público citó ayer a cinco personas para prestar sus declaraciones informativas: la vicepresidenta del Concejo Municipal, Juany Veizaga; el concejal Willy López; el secretario de Planificación, Amilkar Rocha; el presidente del Distrito 4, René Saravia, el concejal Willy López, y el exsecretario General, Grover Corrales, quien no se presentó.
Según una de las responsables de plataforma de la Fiscalía Anticorrupción, Corrales será citado nuevamente a declarar, pero en caso de que no comparezca, se emitirá una orden a aprehensión.
Allegados a la Alcaldía de Quillacollo señalaron que Corrales, uno de los principales acusados en el presunto caso de corrupción, habría escapado del país.
La primera en prestar declaraciones fue Veizaga quien indicó sentirse “indignada y confundida” ya que en los audios se menciona a una Juana. “Yo no soy la única Juana en la Alcaldía y ¿se supone que debo ser yo?” cuestionó la concejala quien negó en reiteradas oportunidades haber cometido actos irregulares.
El segundo en declarar fue Saravia, a quien se le acusa de haber recibido dinero de la Alcaldía para celebrar su matrimonio. El acusado negó la acusación y agregó que estaba en constante contacto con Jayta y Osinaga por los proyectos que se gestionaron para su distrito.
Finalmente, Rocha, quien es acusado de tranzar con las empresas para cobrarles diezmos y que sería la cuota de Víctor Osinaga, se abstuvo de declarar, pero reconoció que fue invitado por el Concejo Municipal para trabajar en el Ejecutivo, aunque no quiso precisar quién fue la persona que lo contactó.
Osinaga, el día de su aprehensión, aseguró que el Concejo Municipal no puede escoger a los secretarios del Ejecutivo ya que éstos son elegidos directamente por el Alcalde. Además, sostuvo que el Ejecutivo y el Legislativo son dos órganos independientes.
Los tres acusados se presentaron con sus abogados, pero luego de unas horas abandonaron la Fiscalía rumbo a sus actividades diarias. Sin embargo, no se descarta que puedan ser convocados nuevamente para ampliar sus declaraciones informativas.
COMISIÓN ESPECIAL
El Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, llegó a Cochabamba para intervenir en el caso. Según la autoridad, una Comisión Interinstitucional de Acción Inmediata, conformada por el Ministerio de Justicia y Transparencia, Fiscalía General del Estado, Ministerio de Gobierno, Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado y la Policía Boliviana, realizará acciones de supervisión en las direcciones y jefaturas de las unidades de Transparencia, Jurídicas y la Secretaria de Finanzas de la Alcaldía de Quillacollo, con el objeto de fortalecer el correcto funcionamiento de estas unidades, esencialmente bajo los principios de transparencia y legalidad.
Por ello, ayer en la mañana, la comisión llegó a la Alcaldía de Quillacollo e ingresó, en primera instancia, al despacho de Jayta y, posteriormente, a las demás direcciones y secretarías.
Arce aseguró que no se trataba de un secuestro, sin embargo, ayer a las 18.00 el representante departamental de transparencia, Ever Veizaga, realizó el secuestro de los equipos informáticos de las secretarías, direcciones y jefaturas.
El Fiscal Departamental de Cochabamba, Juan de la Cruz Vargas, explicó que se designaron cuatro fiscales en este caso quienes se encargarán de las investigaciones.
Sobre la comisión, Arce recalcó que se trata de la primera vez que se trabaja de esta forma en el país y no se descarta que la misma intervenga en el municipio de Sacaba donde también existe una denuncia de desfalco de las arcas municipales por parte de exfuncionarios.
El Ministro aclaró que la intervención en Quillacollo no limita el normal funcionamiento de las dependencias de la Alcaldía, pero como las autoridades están sujetas a un proceso, será el Concejo Municipal que deba elegir, según sus normativas, las acciones a seguir con el fin de no perjudicar el desenvolvimiento municipal. Durante la intervención, Veizaga explicó que se realizó una evaluación de los funcionarios para verificar que se estén realizando las tareas asignadas. No descartó solicitar informes de los trabajos a los secretarios y directores de las dependencias municipales.
La intervención se realizó después de 22 días de que el alcalde suspendido Eduardo Mérida diera a conocer audios en los que presuntamente se escucha a Jayta y a sus allegados organizando el cobro de diezmos.
Sobre el caso, Mérida aclaró que por el momento no tiene intenciones de regresar a la silla edil y que solo busca que se haga justicia en Quillacollo y que los “culpables” sean castigados por las instancias correspondientes.
MAS analiza expulsión
El secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (Fsutcc), Jhony Pardo, indicó que se realizará una reunión entre los miembros del partido del Movimiento Al Socialismo (MAS) para determinar sanciones en contra de Zacarías Jayta y Víctor Osinaga que podrían terminar con la expulsión de ambos.
Pardo agregó que no se aceptarán hechos de corrupción en el interior del MAS y que, de comprobarse su participación, deben ser expulsados del partido, por no seguir con los principios de su organización.
Hace unos días, el diputado Lucio Gonzales del MAS pidió que tanto Jayta como Osinaga se alejen del cargo hasta que se resuelva su situación jurídica.
La senadora del MAS Carola Arraya, en esa oportunidad, también pidió una investigación exhaustiva.
Las autoridades acusadas alegaron que no renunciarían al cargo por considerar que no tienen responsabilidad en las denuncias de corrupción.
«No se va a permitir hechos de corrupción, existe una orden de cero tolerancia y los responsables serán sanconados.»
Héctor Arce
Ministro
«No soy la única Juana en la Alcaldía de Quillacollo y no sé de qué se me acusa. No cometí ningún delito.»
Juany Veizaga
Concejal
«A mí el Concejo Municipal me invitó a ser secretario de Planificación de la Alcaldía.»
Amilkar Rocha
Secretario
«Estamos preocupados porque el único perjudicado es el pueblo de Quillacollo y las obras se paralizarán.»
Richard Fernández
Control Social
«El Concejo Municipal no puede tomar una determinación hasta tener clara la situación legal de Jayta.»
Antonio Montaño
Concejal
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