El gobernador cruceño solicitó la conformación de un grupo de expertos para investigar las represiones policiales de 2022. La expresidenta observó los arreglos al penal previa visita de los comisionados.
EL DEBER
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y la expresidenta transitoria Jeanine Añez, desde las cárceles de Chonchocoro y Miraflores, ambos en La Paz, se reunieron, por separado, con los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar los “abusos” del Gobierno que se cometieron desde que un juez decidió detenerlos por el caso golpe de Estado I.
El gobernador enfocó su denuncia en las represiones policiales a fines del 2022 en Santa Cruz, ordenadas por el Ministerio de Gobierno contra los manifestantes que protagonizaron un paro de 36 días a favor de la realización del censo y que, un mes más tarde, reclamaron por la aprehensión de Camacho.
“El pedido más importante que realicé a los comisionados de la CIDH es que se conforme un nuevo Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) para que investiguen las represiones brutales por la Policía contra el pueblo cruceño, que provocaron dolor y muerte en la sociedad civil que ejercía su derecho a protestar pacíficamente contra un Gobierno negligente”, sostuvo el gobernador en su carta leída por el asesor Efraín Suárez.
Camacho aclaró que la entrevista con los comisionados era “necesaria”, no para quejarse de las “violaciones constantes” a sus derechos desde el 28 de diciembre cuando se desplegó un gran operativo para su arresto, sino prefirió relatar las movilizaciones de los 21 días del año 2019, “cuando junto al pueblo vencimos el fraude de Evo Morales y recuperamos nuestra democracia, esa democracia que ahora nuevamente se encuentra herida”.
La delegación de la CIDH llegó a la cárcel de Chonchocoro pasadas las 8:00 de la mañana de ayer. Hubo gran expectativa. En las puertas, estaban familiares y colaboradores del gobernador, además de manifestantes a favor de las víctimas de la masacre de Senkata. La Policía llegó al lugar para resguardar a los visitantes y evitar agresiones.
Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario, dijo que la CIDH verificó la situación de todos los recluidos y el estado de los penales. Pero también aclaró que los delegados entrevistaron a Camacho durante cerca de una hora y al dirigente cocalero César Apaza por 40 minutos.
“La misión tiene esa independencia de entrevistarse con todos los privados de libertad. Han solicitado entrevistar a Luis Fernando Camacho y a César Apaza. Tuvieron el tiempo necesario. No solo visitaron a estos privados de libertad”, sostuvo el funcionario.
A inicio de marzo, Limpias reconoció que en Chonchocoro hay hacinamiento y un número elevado de detenidos preventivos. Este año se registró la fuga de un peligroso preso brasileño y hubo una polémica por el supuesto descubrimiento de una cámara escondida en la celda de Camacho.
Sobre la situación de Apaza, el abogado Jorge Valda manifestó que su defendido tiene parálisis de medio cuerpo y es colaborado por dos internos, situación que tomó conocimiento el grupo de comisionados.
“Dos detenidos preventivos lo ayudan a sentarse, a pararse y están haciendo artesanalmente fisioterapia a Julio César. Han ingresado las comisionadas de la CIDH a ver y conversar con él. Han podido evidenciar que Apaza vive en condiciones realmente complicadas en Chonchocoro”, afirmó el jurista al salir del penal ubicado en Viacha, El Alto.
Cerca a las 14:00 de ayer, otro grupo de la Comisión a la cabeza del relator país Joel Hernández ingresaron al recinto penitenciario de Miraflores. Es la primera vez que Añez recibió la visita de los comisionados tras reiterados pedidos en dos años de detención preventiva, desde marzo de 2021.
“La expresidenta se ha reunido de forma privada con los miembros de la CIDH. Les ha manifestado todos los agravios y vulneraciones a sus derechos que ha sufrido en dos años y 15 días, la falta del debido proceso y entregó información”, detalló la abogada Norka Cuéllar.
En una hora de entrevista, Añez también dijo que merece un juicio de responsabilidades y no un proceso penal como impulsó el Gobierno. Pese a los inconvenientes que tuvo la exmandataria para recibir documentación por parte de su hijo logró quedar satisfecha con la visita de los relatores.
La exautoridad advirtió, en sus redes sociales, que días previos a la visita de la delegación internacional un grupo de mujeres detenidas fueron “obligadas” a pintar el exterior del penal y a arreglar las goteras. “Abuso igual a la detención política y falta de salud”, denunció.
Por otro lado, el 23 de marzo, en una carta dijo que luego de mucha insistencia la Defensoría del Pueblo la visitó y que hasta se hizo arreglos en su celda.
“También después de dos años, están arreglando las goteras y la canaleta que me provocaba que entre el agua por toda la pared en la celda que ocupo en el penal de Miraflores. ‘Curiosamente’, ¿será porque los representantes de la CIDH pretenden entrevistarse conmigo?”, escribió.
A la salida de la visita a la cárcel, los comisionados se toparon con manifestantes a favor de Añez y que gritaban “¡CIDH, informen la verdad!”.
Mientras, los familiares del excívico Marco Antonio Pumari reiteraron el pedido de visita en Potosí. El Conade se movilizará esta jornada para reclamar la presunta discriminación con algunos “presos políticos”.
Desde el MAS, el asambleísta Juan Carlos Iraola dijo que en Bolivia “no existen perseguidos ni presos políticos, sino personas que han cometido delitos y que vulneraron derechos de otros ciudadanos” entre 2019 y 2020.
La CIDH no solo visitó las cárceles, sino que se reunió con los jefes de bancada de las tres fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Desde Comunidad Ciudadana expresaron su preocupación sobre el incumplimiento a las recomendaciones del GIEI y de Diego García-Sayán sobre la reforma de la justicia.
La delegación llegó anoche a Santa Cruz para reunirse con autoridades y la sociedad civil. Otro grupo viajará a Sucre.
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