LOS TIEMPOS
El domingo 27 de marzo de 2022 marca el inicio de la llamada “guerra contra las pandillas” en El Salvador. Transcurrió casi un año desde la implementación del publicitado plan de seguridad del presidente Nayib Bukele, que surgió tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas o maras, como se las conoce en el país centroamericano, y que se cobró la vida de más de 80 personas en tan solo tres días.
Con luces y sombras, el plan Bukele se enfocó en una “limpieza social” para erradicar de las calles salvadoreñas a las pandillas: Mara Salvatrucha 13 o MS-13, que tuvo su origen en los años 80 en Los Ángeles, Estados Unidos, San Cocos Locos Salvatrucha (SCLS), Sureños, Revolucionarios, Barrio 18, Mao Mao, MS503, Máquina y Mirada Locos Sureños, que son responsables de miles de muertes en El Salvador durante más de tres décadas.
El estado de excepción que aprobó la Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, y que en 12 oportunidades fue extendida su vigencia, le ha permitido al Gobierno de Bukele realizar detenciones sin orden judicial.
Hasta la fecha han sido detenidos, de acuerdo con datos oficiales de las autoridades salvadoreñas, 60.000 pandilleros, de los cuales el 85% son hombres y 15% mujeres. El 68,9% es acusado de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13), la de mayor presencia en el país y en otras partes de Centro y Norteamérica, seguido por las facciones Sureños (17,7%) y Revolucionarios (12,7%) de la pandilla Barrio 18. El restante lo concentran las pandillas Mao Mao, MS503, Máquina y Mirada Locos Sureños.
Según la última estimación del Gobierno, las pandillas tienen 76.000 miembros, entre presos y libres. Tomando en cuenta esta cifra, alrededor de 16 mil miembros de las temidas maras siguen operando en las ciudades de El Salvador.
En abril del año pasado, a pedido de Bukele, la Asamblea Legislativa reformó el Código Penal para castigar hasta con 45 años de prisión a los pandilleros. Paralelamente se construyó una megacárcel con capacidad para albergar a 40.000 presos, la más grande de América Latina.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), recibió a sus primeros 2.000 inquilinos en febrero pasado. Un número similar de pandilleros detenidos fue trasladado hace unos días a ese recinto.
Una gran mayoría de los salvadoreños respalda la “guerra contra las pandillas. “Se ha visto un gran cambio positivo en mi zona, se siente una gran tranquilidad, una gran paz. Antes, temprano en la noche, era silencio total”, relata América, una vecina de 55 años de la ciudad de El Tránsito.
La Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES) afirmó recientemente que las extorsiones en los comercios minoristas se han reducido un 80%.
Pero también hay quienes cuestionan las prácticas de Bukele y su gobierno. Los organismos defensores de los derechos humanos sostienen que la suspensión de garantías constitucionales con el estado de excepción incluye las detenciones sin justificación y la rebaja de 16 a 12 años de la edad para imputar delitos penales en el caso de niños vinculados a las pandillas. La incomunicación total con el exterior, incluidos abogados y familiares, juicios virtuales sin intervención de testigos y, en general, un proceso plagado de opacidad e irregularidades.
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