A raíz de los casos en los que menores de edad lograron viajar de Tarija a otros departamentos, sin que nadie les exija contar con el formulario de autorización firmado por sus padres, surgieron múltiples cuestionamientos a la falta de control en la Terminal de Buses. Al respecto, la Autoridad de Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) inició procesos contra dos empresas de flotas por venderle pasajes a adolescentes.
El caso que más llamó la atención es el del adolescente Elías Rodríguez de 13 años, que viajó el 2 de septiembre a La Paz y hasta la fecha se desconoce su paradero. La ATT confirmó el inicio del proceso administrativo a la empresa Mc Freedom, que es la que le vendió el boleto, sin que se le exigiera el documento de autorización.
El responsable regional de la ATT, Ariel Sandy, detalló que en lo que va del 2022 se abrieron cuatro procesos por esta falta. Entre ellos figura el de Mc Freedom y también la flota Narváez, que es donde compró una adolescente un pasaje a Santa Cruz, sin presentar la documentación. No fue retenida hasta que el bus llegó a Villa Montes, por denuncia de la madre.
El funcionario explicó que la Resolución Ministerial 276 establece que “el operador no podrá realizar la venta directa de pasajes a menores de edad, debe exigir a los padres o apoderados que intenten adquirir boleto para un menor que va a viajar solo o en compañía de uno de sus progenitores que presenten la documentación establecida”, que en este caso sería el formulario que se tramita en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA).
En esa misma normativa también se establece que la empresa, antes de iniciar un viaje, debe verificar nuevamente que todos los menores cuenten con la autorización correspondiente y que si viajan con un acompañante también se debe corroborar su identidad con la del formulario.
La Resolución detalla el protocolo, pero también establece claramente una prohibición para que los operadores de transporte respeten ese lineamiento. Indica que las empresas que no sigan la norma estarán cometiendo una infracción tipo B, que puede recibir una multa entre 250 y 3.000 UFV.
“Al encontrar que alguna empresa incumpla estas disposiciones, a denuncia o por una inspección, iniciamos la investigación correspondiente. Entre 2021 y 2022 se ha sancionado a siete empresas por vender boletos a menores. Hay que entender que el proceso regulatorio tiene sus plazos y tarda entre tres a seis meses hasta tener una resolución”, detalló.
El monto exacto a ser pagado por la empresa infractora dependerá de diferentes factores que pueden ser considerados como agravantes, como los casos en los que ya exista una reincidencia. En el plazo establecido, los operadores también podrían presentar descargos.
“El proceso regulatorio se inicia contra la empresa, como persona jurídica. Posteriormente el dueño o representante legal podrá establecer sanciones administrativas internas, por ejemplo, al personal que haya vendido un boleto o al conductor por no verificar antes de la partida”, agregó.
Sandy llamó a las personas a presentar ante la ATT los reclamos de este tipo para evitar más casos similares.
La investigación o la multa del proceso regulatorio no son excluyentes. También se puede llevar adelante un proceso de tipo penal, como lo que ocurre con la empresa Mc Freedom, contra la que la Secretaría de la Mujer y Familia inició un proceso por inducción de fuga.
Sanciones por otros tipos de faltas
La venta de pasajes a menores de edad que no cuentan con la autorización no es la única infracción que pueden recibir los operadores de transporte. Entre las principales causales figuran el incumplimiento de horarios, no respetar los estándares de calidad ofrecidos o la pérdida de encomiendas sin un resarcimiento a los clientes.
Entre el 2021 y lo que va del 2022 suman 18 las empresas contra las que se emitió una resolución sancionatoria. Entre enero a la fecha se abrieron 13 procesos a denuncia de los usuarios.
FUENTE : EL PAIS
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