Aunque el principal acusado de este caso es el ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, la fiscalía presentó la acusación formal en contra de otras personas a las que acusa de cinco delitos, se trata de María Palacios Arce, Edith Chávez Arauco y el exasambleísta departamental, Gustavo Torrico Landa.
“En aplicación del Código de Procedimiento Penal corresponde el juicio oral en el cual se debe dictar sentencia condenatoria en contra de los acusados imponiéndose la pena establecida en los tipos penales acusados, más el pago de costas al Estado”, pide la acusación que lleva la firma de los fiscales Roberto Villa Pareja y Walter Lora Uría.
Según la acusación, el denunciante es el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien señala a “Juan Ramón Quintana y otros”, como autores de “sedición y otros”, sin embargo, en el documento de acusación no figura el ex ministro de la Presidencia.
La acusación formal, difundida por la red Gigavisión, establece que el documento fue presentado el 11 de septiembre pasado.
Los acusados
Palacios Arce, según la acusación formal, fungía en el país como vicepresidenta regional de la petrolera venezolana PDVSA, la misma transportaba 100 mil dólares y fue descubierta el 8 de enero en el aeropuerto de El Alto. El Ministerio Público considera que ese dinero era para el financiamiento de las actividades del ex presidente Evo Morales.
Por esa razón, los fiscales la acusan de financiamiento al terrorismo porque no pudo explicar la procedencia de ese dinero y porque en el allanamiento de su domicilio y de sus oficinas se encontraron materiales político partidarios, por tanto, la vincularon con las actividades de Morales y sus allegados.
En el caso de Chávez Arauco, es la empleada de Quintana y en el allanamiento a su casa encontraron un arma de fuego calibre 22mm. La fiscalía cree que las balas encontradas en una oficina de Quintana corresponden a esa arma. Por esa razón los dos delitos que presentan contra esta persona son, encubrimiento y portación ilegal de armas.
En la acusación, los fiscales relatan incluso un supuesto episodio en palacio de Gobierno entre los ministros, Juan Ramón Quintana y Manuel Canelas y refieren que el primero apuntó con esa arma en la cabeza de Canelas que había planteado los problemas que tenían en las encuestas antes de las elecciones del 20 de octubre.
La frase “Bolivia se va a convertir en un Vietnam moderno”, es lo que destaca en la relación de hechos que realizaron los fiscales. Es la única oportunidad en la que hacen mención al ex colaborador de Morales.
Sobre el asambleísta del MAS, Gustavo Torrico, la fiscalía asegura que existen declaraciones públicas en las que “el satuco mayor” instiga a delinquir. Hacen referencia a una comparecencia pública en medios de comunicación donde advirtió sobre la muerte de muchachos. Es la única narración que hace la fiscalía para acusar a Torrico por los delitos de sedición e instigación pública a delinquir.
La denuncia
Esta denuncia de Murillo es distinta a la que presentó contra Evo Morales y Juan Ramón Quintana. La denuncia era por sedición y terrorismo, solo se conservó el primer delito y solo en el caso de Palacios Arce se menciona, financiamiento al terrorismo.
El caso del dirigente Faustino Yucra no es parte de este caso, por tanto, serían dos casos por el delito de terrorismo abiertos en La Paz y en los que los denunciados son los ex mandatarios y exministros.
Hoy, Quintana se encuentra asilado en la residencia de la embajada de México, junto con otros exministros y exfuncionarios del gobierno de Morales.
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