La comisión especial de investigación de la posible vulneración de derechos y garantías Constitucionales en las movilizaciones realizadas a partir del 21 de octubre de 2019 resolvió este lunes iniciar un proceso penal contra el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por no acudir a brindar un informe.
Por unanimidad, los legisladores que componen esa instancia rechazaron la nota de excusa presentada por la autoridad y determinaron iniciar una querella por incumplimiento de deberes.
“Si el funcionario no viene a prestar su declaración, esta comisión tiene la obligación de activar un proceso penal por incumplimiento de deberes. Es un funcionario público y debe brindar información”, afirmó el titular de ese ente, Víctor Borda.
Ese grupo de asambleístas indaga los sucesos ocurridos en Senkata y Sacaba, entre otros, donde personas perdieron la vida producto de hechos de violencia, registrados tras la anulación de las elecciones por fraude.
Esta jornada acudió ante esa comisión el comandante general de la Policía Boliviana, Rodolfo Montero, y también fueron citados los ministros de Defensa, Fernando López; y de Justicia, Álvaro Coimbra.
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