La presidenta Jeanine Añez anunció ayer la declaratoria de emergencia en los departamentos afectados por los incendios y la abrogación del Decreto Supremo 3973, que autoriza la ampliación de la frontera agrícola mediante las quemas y chaqueos. Al respecto, activistas piden que se anulen todas las normas que dañan las áreas forestales en el país.
“Trabajamos con todo para frenar incendios en la Chiquitania. En las próximas horas tendremos declaratoria de emergencia y abrogación del decreto de Evo que autorizaba quemas (DS 3973) (….) Vamos a frenar los incendios”, publicó Añez en su tuit.
El decreto 3973, que fue promulgado el 8 de julio de 2019, modifica una norma de 2005 para autorizar el desmonte para actividad agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz y Beni.
El director de Fundación Tierra Gonzalo Colque afirmó que el anuncio del Gobierno de abrogar el decreto 3973 es “electoral” y no tendrá ningún efecto en cuanto a los incendios forestales en Santa Cruz.
“El mencionado decreto de 2019 amplía los desmontes para Beni y su alcance es nulo para mitigar los daños ambientales de la Chiquitania. Si Añez quiere actuar sin cálculos políticos y tiene voluntad para abrogar decretos que están a su alcance, debería empezar por abrogar los decretos 4232 y 4238 que ella firmó para autorizar procedimientos abreviados para cultivos transgénicos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya”, enfatizó Colque.
Dijo que luego se debe anular el decreto 3874 de Evo Morales sobre la autorización de soya transgénica asociada a la producción de biodiésel (ver gráfica).
Respecto a las leyes, consideró que, si bien se conoce que no se pueden abrogar sin la Asamblea, está entre las competencias del Poder Ejecutivo el presentar proyectos de ley para anular las normas “incendiarias”.
En criterio del representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) Rolando Morales, si se anula el decreto 3973, este está relacionado con otras normas que también tienen que ser anuladas.
El tema no sólo queda ahí, aún está vigente la Ley 741 y otras que han fomentado la quema y los “supuestos” chaqueos controlados y además está pendiente el paquete del perdonazo que libera a los que deforestan y no los sanciona penalmente; están los decretos de los transgénicos para ampliar la frontera agrícola, enumeró Morales.
“Entonces en vez de que la presidenta Añez se meta a un callejón sin salida, lo que le aconsejamos es derogar todo el paquete incendiario como un mecanismo de prevención, pero además que mediante eso exprese la voluntad del Estado: que es castigar el ecocidio y defender el patrimonio natural y la riqueza de todos los bolivianos”, demandó.
El activista Pablo Solón mencionó que frente a los incendios de 2019 que arrasaron más de cinco millones de hectáreas en Santa Cruz, en febrero de este año, una comisión de distintas organizaciones indígenas y colectivo presentó ante la Asamblea y el Gobierno un proyecto de ley y un decreto supremo, para la abrogación de las leyes “incendiarias” que causaron el ecocidio.
“Sobre el anuncio de anular el decreto 3973, es una medida electoral y a destiempo, porque para evitar los incendios desde principios de año se debería haber abrogado el conjunto de las normas incendiarias”, observó.
La politóloga Jimena Costa consideró que el anuncio de Añez es una decisión “absolutamente” política y de campaña; afirma que las medidas para evitar incendios debían tomarse antes de que se inicien los desmontes y chaqueos.
“¿Cuántas son las medidas que podrían haber abrogado desde que asumieron el mando? Podrían haber solicitado la abrogación de la Ley 741 en la Asamblea y no se lo ha hecho. No se debe olvidar que la actual ministra Pinckert, cuando era senadora, fue una de las que felicitó las medidas, fruto de la cumbre agropecuaria. No hay que olvidar que había una comunión de intereses entre el MAS y los Demócratas, este último como representantes de la élite agroempresarial cruceña”, citó.
Este medio se contactó con la Federación de Ganaderos de Santa Cruz y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), pero no respondieron al respecto hasta el cierre de esta edición.
El tratamiento
Entretanto, el ministro de la Presidencia Yerko Núñez mencionó que el decreto 3973, que autoriza el desmonte, está en el Tribunal Constitucional, porque se interpuso una acción de inconstitucionalidad, pero a la fecha no se tiene ninguna posición oficial; por tanto, el Gabinete se reunirá hoy para anular dicha norma.
“Desde hace más de un año no se han pronunciado en el TCP. La presidenta Añez hizo un apersonamiento en mayo pasado, pero lamentablemente hasta ahora no se tiene resultado alguno. Es por eso que la Presidenta ha instruido que se le dé toda la atención para preservar nuestro bosque y de esa manera mañana se va a reunir el Gabinete a primera hora para anular este decreto”, anunció.
Comunicó que luego de su abrogación se lo remitirá a la Asamblea Legislativa para su respectivo tratamiento.
Dijo que, de forma paralela, el personal del Ministerio de Defensa coadyuva en sofocar el fuego que se registra en los departamentos de Santa Cruz y Beni.
La Gobernación cruceña comunicó que el Comité de Crisis dispuso la declaratoria de Emergencia Departamental, por las variaciones climáticas que ocasionan sequía, incendios, heladas, nevadas y otros eventos adversos, que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, animales, salud, seguridad alimentaria y económica.
Con base en datos del lunes, se registran 21 incendios forestales activos en todo el departamento, la mayor parte en el municipio de San Ignacio. A la fecha se reportan 393.648 hectáreas afectadas.
Punto de vista
Miguel Ángel Crespo Director de Probioma
“Con derogación no hay solución”
“La exigencia de las normas incendiarias salió de los cabildos que se llevaron a cabo el año pasado y no es sólo un decreto, sino que incluye al paquete de leyes y decretos de Evo Morales, que promueven desde el incumplimiento de la Ley del Plan de Uso de Suelos, la Ley 337 que ha significado el perdonazo de los desmontes ilegales realizados entre 1996 y 2011.
La Ley 741 que autoriza el desmonte y el chaqueo con el uso del fuego de hasta 20 hectáreas en pequeñas propiedades, la Ley 1171 que otorga otro perdonazo en el pago de multas por quemas sin autorización, lo que constituye un impulso al chaqueo ilegal, el DS 3973 en el que se amplían los alcances del DS 26075 para permitir desmontes y quemas en áreas no aptas para uso agropecuario, entre otros.
Con esta derogación no se soluciona el problema de fondo que está causando este nuevo desastre socioambiental y en momentos en que la pandemia está azotando y en el que el humo de los chaqueos está afectando el sistema respiratorio y que son presa fácil de la Covid-19.
El Gobierno no hizo nada cuando en enero pasado se había advertido que 2020 iba a ser un año más seco y con temperaturas elevadas, que eran una amenaza de incendios de magnitud, pero nuevamente repite el mismo error de Evo Morales de declarar emergencias, cuando el problema es de magnitud y en plena pandemia, que es cuando la amenaza del virus se agudiza.
Ahora el Gobierno promete derogar el Decreto Supremo 3973/2019, pero este sólo modifica el artículo 5 del decreto 26075/2001, por lo que no tendrá efecto sobre la Chiquitania ni el Parque Nacional Noel Kempff, ya que sólo incluye a Beni.
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