La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados resolvió este martes dejar en suspenso (statuo quo) la aprobación en detalle del proyecto de Ley 553, que concede impunidad a los dirigentes con fuero sindical acusados de delitos penales.
“Después de leer y explicar nuestro informe técnico jurídico y hacerles ver que esta norma incurre en la vulneración de derechos, de leyes nacionales y convenciones internacionales, (los diputados) han tomado la determinación de dejar en statu quo la aprobación en detalle de la Ley 553″, explicó la asesora legal y abogada del Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez.
Esa institución expresó su rechazo al proyecto de ley, al considerar que «empeora la situación de indefensión de las víctimas por la rápida liberación de los agresores», además de que explicó que garantiza la impunidad de dirigentes que cometan delitos pero que tengan fuero sindical.
En la reunión de coordinación sobre el proyecto de Ley 553 que modifica a la Ley 1173, los parlamentarios escucharon a la también asesora legal de los familiares de víctimas de feminicidio y sobrevivientes de violencia, quien llegó hasta La Paz para presentar un informe técnico jurídico ante la Comisión de Justicia Plural.
Seis asesores de la Cámara de Diputados y tres de la comisión explicaron que el artículo 3 del proyecto de Ley 553 sí se refiere a que las denuncias penales en contra de dirigentes con fuero sindical deben ser rechazadas por la Fiscalía, pero ofrecieron incluir en ese artículo que excluirán los delitos de violencia de género.
“Expresé, a nombre de las víctimas, que la inclusión de este artículo 3, que no hemos solicitado al momento de pedir la modificación de la Ley 1173, porque muestra una intención de manipular y politizar nuestra lucha”, aclaró Cortez.
También se coincidió en la necesidad de invitar a especialistas de la Fiscalía, del Tribunal de Justicia, la Policía y el Servicio de Asistencia a las Víctimas, además de las víctimas y técnicos proyectistas, para buscar consensos.
“Especialmente en relación al tratamiento especial de los casos de violencia de género, feminicidios, infanticidios, violaciones sexuales, estupros, violencia contra menores y también trataremos de incluir la violencia intrafamiliar o doméstica, que es la antesala del feminicidio. Los asesores no quieren incluir este delito en el procedimiento especial, pero ese es un debate que se profundizará más adelante”, afirmó la abogada.
Los asesores se comprometieron a enviar a la asesora las convocatorias a los actores involucrados en el caso, además de que las víctimas presentarán una propuesta propia.
“Haremos llegar nuevas propuestas que involucren o incluyan recursos como los procedimientos inmediatos en casos de violencia, lo que ya estamos pidiendo al Estado boliviano desde hace más de siete meses, a través de comunicados, pronunciamientos y cartas de colectivos, redes y plataformas de defensa de derechos.
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