Gobernación y subgobernaciones cerraron filas contra los débitos automáticos, indiscriminadamente utilizados por los alcaldes para financiar los proyectos concurrentes amparados en la Ley 206, más conocida como del 8%. De acuerdo al análisis realizado en la mesa, los concurrentes no tienen la misma cualidad de necesidad que sí tienen los que llevan adelante los subgobernadores, eso sí, según los propios subgobernadores, por lo que habría que poner un límite; sin embargo, a la salida de la reunión, cada uno escenificó los resultados a su manera, tratando de no dañar demasiado a los compañeros de partido, por si acaso en el futuro se vuelven a encontrar.
A la reunión convocada asistieron todos, desde el Gobernador Adrián Oliva, el secretario de Gestión y negociador por excelencia Rubén Ardaya y el secretario de Economía Manuel Figueroa, que hizo las veces de ponente, hasta los equipos completos de los ocho subgobernadores. El último en confirmar asistencia fue Walter Ferrufino (O´Connor), entre la espada y la pared en sus últimas decisiones; el último en llegar fue Never Vega (Bermejo), “conseguidor” de larga data y que se ha visto entrampado en esta gestión tras la época dorada con Lino Condori. Todos tienen problemas más o menos similares: hasta 2014 los ingresos de regalías se multiplicaban exponencialmente, por lo que los proyectos también. Después se derrumbó el precio del barril de petróleo de 130 a 30 dólares en meses y se aguó la fiesta. El resto de la historia es conocida: proyectos paralizados, impagos, desempleo y poca sensibilidad.
La cuestión
En la reunión, asuntos de fondo y de forma:
En el fondo está el debate sobre qué proyectos son los importantes y cuales no tanto; y quienes son los ejecutivos que dependen de la Autonomía Departamental – los subgobernadores – y cuáles de la Municipal – los alcaldes -, y por tanto, por qué la Asamblea permite que los municipios se cobren primero.
Transferencias
97 millones de bolivianos se han transferido en 2018 a los municipios para ejecutar sus proyectos
En la forma está el cálculo propio 1 por ciento. La Ley en sí tiene vicios: Una Ley Departamental para ocho municipios y no para los 11. Una Ley que contempla el 1 por ciento de la renta petrolera para cada municipio, pero que en ningún caso se entendería que se cuentan los recursos del 45 por ciento que se asigna directamente por otra Ley Nacional y por el Estatuto Regional directamente a las cuentas del Chaco y cuyos municipios, de hecho, no están contemplados en la Ley del 8%.
Desde la Secretaría de Economía indican que en 2017 se ingresaron 499 millones de bolivianos de regalías en el Gobierno Departamental y en 2018, 745, por lo que corresponderían 4,9 y 7,4 por municipio en cada gestión, sin embargo los municipios toman como base de cálculo los recursos del Chaco, lo que sumaría 910 y 1.356 millones de bolivianos y un 1% de 9,1 y 13,5 respectivamente. El Ministerio de Economía ha aprobado estos débitos a solicitud de los Gobiernos Municipales sin tener en cuenta la lectura técnica, señala la Gobernación.
Hoja de ruta
La pugna de los alcaldes y la reunión pendiente
Los alcaldes de siete municipios tarijeños – excluyendo a Cercado -, también han cerrado filas de forma cuasi sindical entre ellos alrededor de la Ley del 8 por ciento. Ninguno tiene interés en detallar cuales son los proyectos que se han priorizado en la cartera de concurrentes, sino que lo envuelven entre generalidades y ataques a este medio; eso sí, con el argumento de que la legalidad los ampara y que el propio Gobernador autorizó la firma de nuevos convenios.
Álvaro Ruíz, erigido portavoz y aspirante a candidato necesita polarizar con Oliva. En ese sentido, aprovechó las redes sociales para solicitar una reunión con el Gobernador. “Los problemas hay que enfrentarlos dialogando, debatiendo y concertando con los verdaderos involucrados, por eso solicito (…) que nos reunamos y hablemos sobre la situación financiera”.
El asunto para la Gobernación está claro, pero la disciplina partidaria manda. El primer acuerdo de la reunión consiste precisamente en convocar al Ministerio de Economía para explicarle el problema que se está generando y el “sobre débito” en relación a la base de cálculo.
Sobre esto, el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), alcalde de Uriondo y promotor de la Ley 206, Álvaro Ruíz, aseguró en sus redes sociales que “la queja no resuelve el problema. Escaparse de los problemas no hace que desaparezcan. Buscar intermediarios solo muestra la voluntad de dilatar el conflicto”.
Los otros dos puntos de acuerdo hacen referencia a una voluntad de coordinar la planificación financiera de forma conjunta. Hubo nomás momentos acalorados en la discusión entre subgobernadores y secretarios, pues hay ya un buen puñado de “trapos sucios” y cuentas pendientes compartidas, pero al final se puso propositiva.
El presidente Evo Morales ofreció hace un mes un nuevo fideicomiso – ante el temor de que se frene la inversión y se desencadene una crisis en la víspera de elecciones -, y es evidente que en Tarija todos tienen proyectos pendientes que financiar. El acuerdo es priorizar proyectos en las subgobernaciones. Walter Ferrufino habló de establecer prioridades. Tal vez aún quede tiempo.
ElPaís
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