El director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Edwin Almendras, informó el lunes que una resolución suprema determinó que un terreno 315 hectáreas de la zona de Albarrancho, de la ciudad de Cochabamba, en disputa por varias personas y sindicatos campesinos está considerado como tierra fiscal, para fines agrícolas, y no cuenta con un título de derecho propietario.
«Una resolución suprema determina que esa zona del sector del conflicto que ahora se encuentra en Albarrancho como tierra fiscal (…), actualmente, no tiene ningún derecho propietario conocido por el INRA», informó en una conferencia de prensa.
El pleito por el terreno provocó un enfrentamiento entre dos bandos el viernes pasado, con el saldo de tres heridos y seis personas recluidas de manera preventiva y 11 con medidas sustitutivas.
Almendras detalló que el documento legal del caso fue anulado en 2017 mediante el Tribunal Constitucional Plurinacional y su trámite de saneamiento quedó «en fojas cero», por demandas presentadas por los interesados en el pleito.
Sin embargo, sostuvo que el INRA tiene aún registrado el predio para su intervención y recibió denuncias de varias autoridades departamentales y municipales sobre la compra y venta de lotes en el lugar y la construcción irregular de casas.
Agregó que esa entidad emitió, además, en febrero una resolución administrativa de medidas precautorias para su protección, mientras se regula su derecho propietario.
«Se hizo para que por las mismas (medidas precautorias), mediante la normativa vigente de su reglamento, no se pueda realizar innovaciones, no se pueda realizar compra-venta», complementó.
Aclaró que las personas y sindicatos campesinos interesados en el terreno presentaron, por su lado, 57 recursos de revocatoria que fueron respondidas y uno sólo se envió a la dirección nacional del INRA.
La autoridad informó, finalmente, que varias personas sindicadas como involucradas en el loteamiento ilegal del predio, mediante videos y grabaciones recién difundidos, «no son servidores públicos, no han sido funcionarios públicos» en el INRA.
«Negamos rotundamente lo que es el conocimiento o el acercamiento con algunos de ellos o algún tipo de contacto que se haya tenido», concluyó.
ABI
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