Luego de que una jueza determinara, a través de una Acción Popular, que la empresa Telefónica Celular de Bolivia (Telecel) -más conocida como Tigo- cancele 101.623.970, 96 bolivianos a la Cooperativa de Servicios de Telecomunicaciones Tarija (Cosett), ejecutivos y trabajadores coincidieron en que ese dinero se debe invertir en una actualización tecnológica y en el pago de las deudas contraídas en los últimos años.
En días pasados la Cooperativa ganó una contrademanda interpuesta en contra de Tigo por el uso de infraestructura desde el año 2001, por lo que esta entidad deberá depositar en una cuenta bancaria el monto señalado hasta el lunes de manera obligatoria. Pero este dinero no podrá ser utilizado hasta que la Corte Suprema de Justicia en Sucre, a donde fue enviada la decisión para su revisión, emita su determinación de aval o rechazo.
Se buscó al gerente comercial de Tigo para conocer su posición, pero argumentó que es el portavoz de la empresa el que debe dar una respuesta y recién la brindará el lunes.
Tecnología
Entretanto, el representante legal de Cosett, Milton Rodríguez, apuntó sin dudarlo que con ese dinero se podrá recuperar a la entidad y pensar en una actualización tecnológica que permita competir a la par con Tigo y Entel. Expresó su seguridad de que primero es necesario invertir en una modernización de los equipos y adquirir, por ejemplo, fibra óptica.
“De ahí en adelante, con los ingresos podremos pensar en mejorar internamente, reestructurar la Cooperativa”, indicó. En cuanto a los trabajadores, se tendrá que negociar en un plan de pagos para que a medida de que sus ingresos crezcan se les vaya cancelando las deudas pendientes con este sector, como salarios y beneficios sociales.
En la misma línea, la ejecutiva del Sindicato de Trabajadores de Cosett, Rosario Colquechambi, indicó que apenas se puedan disponer de esos recursos, inmediatamente se podrá, en primer término, realizar una inversión en tecnología para que la Cooperativa esté a la altura de la competencia de las otras operadoras para que se pueda brindar un servicio con igualdad de condiciones y recuperar a los usuarios.
Después se deberá pagar una serie de deudas que se tiene, por ejemplo, con Impuestos Internos, con la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas) y los mismos trabajadores. La deuda total que se tiene alcanza a 42 millones de bolivianos, de los cuales siete corresponden a los 115 empleados por ocho meses y medio de salario, además de una serie de derechos laborales y quinquenios “que nunca se les pudo cumplir”.
Un proceso iniciado por Cosett el 2017
Según contó Milton Rodríguez, el proceso inició en 2017, posteriormente fue llevado adelante como proceso de Acción Popular por el ingeniero Juan José Peralta, se respaldó la demanda y se incluyó otros conceptos que no se habían contemplado como el alquiler de espacios en las instalaciones de Cosett en diferentes puntos de interconexión con Tigo, el alquiler de postes, de hilos de fibra, energía eléctrica y otros que son regulados por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).
En otros casos los montos que esa empresa debía pagar fueron ínfimos por ciertos servicios, por ejemplo, cancelaciones de 10 bolivianos cuando se debería haber cobrado 100, sumados el lucro cesante e intereses, se llegó al monto indicado.
“Por esta razón la jueza que atendió el caso ordenó a Tigo realice el pago por el monto demandado en un plazo de cinco días hábiles que se cumple el lunes y estamos esperando que lo hagan para accionar legalmente en lo que se tenga que hacer”, explicó.
Adelantó que el mismo día de la decisión jurídica, la empresa pidió que se haga una revisión del proceso que fue remitido a Sucre, se espera que la respuesta tome un plazo de hasta seis meses.
ElPaís
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