Tribunal revocó débito automático a alcaldías y Gobernación espera recuperar dinero

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El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó la Resolución de la Acción de Cumplimiento interpuesta por el Alcalde de Uriondo, Álvaro Ruiz García, referida a la aplicación de la Ley del 8% y el débito automático, la gobernación espera recuperar el dinero debitado.
Esta Acción de Cumplimiento, sobre la Ley departamental del 8%, tuvo un fallo favorable en un juzgado de La Paz, con esa decisión aplicaron el débito automático de más de 9 millones de bolivianos en el caso del municipio de Uriondo, informó el Secretario de Justicia, Yamil García Delfín.
Los municipios lograron una Ley departamental para que 8 municipios tengan el 1%, cada uno de ellos, de la gobernación, el instrumento legal estableció además que en caso de no lograr oportunamente este 1%, cada municipio podía recurrir al débito automático, algunos lo hicieron.
El TCP revocó totalmente esa resolución que permitía los débitos automáticos, quedaron sin efecto todas las consecuencias emitidas de ese fallo anulado, explicó el funcionario tras ser notificada formalmente la gobernación de Tarija.
Como gobernación estamos observando que la base legal constitucional que habilitó a los débitos ha sido dejada sin efecto por el TCP, reiteró al anunciar que exigirán se restituyan los montos ilegalmente debitados a las cuentas de la gobernación, según el secretario.
Consultado de qué monto se habla, respondió que en el caso de Uriondo se debitó más de 9 millones de bolivianos, recursos que estaban asignados a área prioritarias de la gobernación y que fueron ilegalmente debitados por el Ministerio de Economía.
La gobernación también recurrirá a dicho Ministerio con la finalidad de que reparen el perjuicio económico ocasionado, asimismo remitirán los antecedentes para su procesamiento correspondiente, según el funcionario público jerárquico.
Sobre los débitos automáticos efectuados por los municipios de Yunchará y San Lorenzo, de unos 18 millones, García respondió que el fallo emitido contiene jurisprudencia vinculante, obligatoria que se aplicará a todos los municipios que se encuentren en igual situación.
“Nosotros hemos visto que el TCP ha valorado que existen muchas razones jurídicas que hacían inviable la aplicación de los débitos y las actuaciones desarrolladas son contrarias a la Constitución y las leyes”, argumentó el secretario.
En el caso de los dos últimos municipios tienen más observaciones técnicas y constitucionales aún por lo que seguirán con acciones legales con la finalidad de recuperar todos los montos ilegalmente debitados, aseguro el secretario de justicia.
García, detalló que se ha tenido conocimiento de la sentencia constitucional 533/2018, resolución que ha sido emitida por el TCP, dentro de una acción promovida por el alcalde de El Valle, Álvaro Ruiz, alegando que la falta de transferencias por parte de la Gobernación, y con ello a través de una resolución judicial los municipios logran que se efectivice los débitos a la Gobernación.
“Pero con esta sentencia constitucional del TCP, ha decidido revocar, es decir, dejar sin efecto la resolución judicial que habilitaba al alcalde Ruiz tramitar los débitos en contra de la Gobernación. La resolución judicial que inicialmente había otorgado la tutela al alcalde Ruiz, ha sido dejada sin efecto, por tanto, todas las consecuencias administrativas y jurídicas que se han motivado con esta resolución, también deben dejarse sin efecto”, resaltó García.
García argumentó que como Gobernación exigirán que tanto el gobierno municipal como el Ministerio de Economía, restituyan los montos millonarios que han sido ilegalmente debitados, considerando que el TCP ya ha quitado la tutela que inicialmente les habían otorgado.
El funcionario de la Gobernación explicó que la base jurídica que tenía el alcalde Ruiz para debitar a la Gobernación ante el Ministerio de Economía ha desaparecido por efecto de esta sentencia constitucional.
“No existe a la fecha ninguna decisión constitucional que habilite a los alcaldes a tramitar los débitos automáticos, precisamente por efectos de esta sentencia constitucional”, remarcó García.
García indicó que este martes se formalizará documentos, tanto a municipios como al Ministerio de Economía, donde exigirán la restitución y devolución del dinero de propiedad del departamento de Tarija a las fuentes de la Gobernación.
“De no realizar estas acciones, iniciaremos en la vía judicial todas las demandas y denuncias que correspondan en contra del Alcalde y funcionarios del Ministerio de Economía, si es que acaso se evidencia una actuación contrataría a este fallo”, adelantó García.

Antecedentes
El 7 de abril del 2017, se promulga la Ley Departamental 206 “Ley de Transferencia de Recursos Económicos para Inversiones Concurrentes a los Gobiernos Autónomos Municipales” la cual fue objeto de una acción de amparo constitucional interpuesta por el asambleísta departamental, Mauricio Lea Plaza, quien demandó y mantuvo su posición de dejar sin efecto la aprobación de dicha ley.
Es así que bajo estas circunstancias y antecedentes el TCP se manifestó según los plazos establecidos para resolver denegar la tutela de la Ley, por tanto revocó la Resolución.

NUEVOSUR


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