Son 17 casos de privatización y capitalización en Tarija que se ordenó auditar a la Gobernación y municipios. Esta decisión fue por parte de la Comisión Mixta de Investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALPB). Hay un plazo de seis meses para dar cumplimiento, según la resolución emitida por ese poder del Estado. Desde el ejecutivo departamental se sostiene que es la Contraloría General del Estado (CGE) la que debe realizar esa labor o dar los lineamientos para ello.
El documento consta de 2.748 páginas, aglutinadas en tres tomos y anexos correspondientes bajo el título: “Neoliberalismo: enajenación de empresas públicas y recursos naturales en Bolivia 1985-2005”. En su parte conclusiva, en el caso de Tarija, recomienda a la Gobernación y la Alcaldía que inicien auditorias especiales, tanto financieras, legales, y técnicas, de los procesos de privatización.
En ese sentido, el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Ignasio Soruco, indicó que la comisión mixta hizo énfasis en auditar a la fábrica de cemento El Puente. Junto a esta hay 16 casos más, entre empresas e infraestructuras del departamento.
Es así que el legislador sostuvo que la resolución al haberse aprobado por más de dos tercios, tiene carácter obligatorio.
Entre las 17 a investigarse, Soruco mencionó al ex Hotel Prefectural que en la actualidad se llama Los Ceibos, pero también está la fábrica de Alimentos, la fábrica de Aceites Comestibles de Villa Montes, entre otras industrias.
Respecto a la última factoría, la de aceites, fue la primera de la región en privatizarse. Primero pasó a manos de empresarios cruceños a costo de 5,5 millones de bolivianos. Luego fue adquirida por la Sociedad Agroindustrial Itika S.A, que en ese entonces tenía como presidente a Milcíades Peñaloza, quien actualmente es senador por el MAS. Según la Agencia de Noticias Fides (ANF).
El parlamentario manifestó que es necesario llegar a lo máximo de las eventuales responsabilidades, pero sobretodo el posible daño económico que se habría generado a Tarija. Los plazos son de seis meses para que inicien las investigaciones a través de las instancias internas. En caso de encontrarse indicios de responsabilidad civil, administrativa o penal, pasará al Ministerio Público.
Para el secretario de Justicia de la Gobernación de Tarija, Yamil García, las auditorías, por mandato constitucional, es una obligación de la Contraloría General del Estado (CGE) y de las unidades de Auditoría Interna, que se rigen bajo los lineamientos que emite esa instancia nacional.
“Todas las auditorías tienen un procedimiento establecido por el nivel central, donde la Contraloría es la instancia rectora en esa materia. Por lo tanto, como Gobernación podemos gestionar información y proveer de documentación, pero es esa instancia la que asume la principal función-comentó el funcionario- Las unidades de auditoría interna se rigen conforme su POA y de acuerdo a lineamientos que establece la propia CGE. Por lo tanto, hay que esperar que esas instancias vayan emitiendo los resultados de los trabajos que vienen programando con anterioridad”.
García sostuvo que más allá de todas las auditorías que se vayan a hacer a tipos de actuaciones del pasado, también se espera, con la misma diligencia, que se pueda agilizar las auditorías pendientes al ex gobernador Lino Condori.
el Apunte
Industrias que fueron creadas en Tarija
Entre las principales factorías creadas en Tarija está la Industria Avícola de Tarija (IAT), Alimentos Balanceados Tarija (ALBAT), Planta Industrializadora de Leche (PIL Tarija), Cristales Oscar Alfaro (CRIOSAL), Agrícola de Oleaginosas y Maíz (PAOM), Industria de Papel Sidras Tarija (IATASA), Empresa Forestal Pecuaria Tariquía (EMFOPET), Fábrica de Cemento el Puente (FACEP), Fábrica de Aceites Comestibles (FAC), Centro Vitivinícola (CEVTTI) y Sal Yodada La Entrerriana.
ElPAÍS
Comentarios