La última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional de Sucre.
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Un tribunal negó este martes la acción de protección a la privacidad solicitada por la defensa de Luis Fernando Camacho. La misma fue presentada después de que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, mostrara en rueda de prensa fotografías del gobernador de Santa Cruz en su celda en Chonchocoro.
“Lastimosamente la acción ha sido denegada en el criterio de que debía acudirse a una autoridad con anterioridad. Sin embargo, la preeminencia en el tiempo y la forma en que se publicó esto, se hizo tan masiva, daba para aplicar a una acción de interposición directa y cautelar”, cuestionó Juan Carlos Camacho, abogado de la autoridad cruceña, que lleva casi un mes en prisión preventiva.
Esta acción pretendía tutelar la “imagen y dignidad” del gobernador, explicó el letrado, y aún se espera la última palabra del Tribunal Constitucional de Sucre. En opinión del abogado defensor, este caso marca un precedente para que ninguna autoridad haga publicaciones o tome fotografías sin autorización del ciudadano.
“Estamos a la espera de lo que diga Sucre, una vez que vuelva esta resolución, que entiendo que va a ser quien resuelva de forma final la situación de esta acción de protección de privacidad. El tribunal siempre tarda bastante en resolver esta situación, determinar si se confirma o se revoca ese fallo. Lo que hay ahora es un fallo preliminar”, explicó a Erbol.
Esta jornada, Camacho tenía dos audiencias judiciales que se llevaron a cabo de forma paralela a la misma hora. Además de esta acción de protección, el gobernador presentó una apelación a los incidentes expuestos durante su audiencia de medidas cautelares, pero la misma fue declarada improcedente.
Camacho fue aprehendido y trasladado a la ciudad de La Paz el 28 de diciembre, en el marco de la investigación por el denominado caso “golpe de Estado I”. El mismo fue abierto a denuncia de la exdiputada del MAS Lidia Patty por las circunstancias que rodearon a la renuncia de Evo Morales en 2019. .
Un día después, el gobernador fue imputado por el delito de terrorismo y el Juez Octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz ordenó su detención preventiva por un lapso de cuatro meses a ser cumplida en el penal de Chonchocoro.
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