De acuerdo con documentos oficiales e informes de la Cancillería, el daño económico causado en tres casos de corrupción -en los que se involucró a tres militares- suman 10,8 millones de bolivianos. Los generales cuestionados fueron ascendidos por la Cámara de Senadores en enero de 2021, a sugerencia del presidente Luis Arce Catacora.
Cancillería
De forma cronológica, el primer caso data de 2006. El sindicado fue el entonces mayor de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jaime Luis Arias, quien en esa gestión cumplió servicios como agregado aeronáutico en la delegación diplomática de Bolivia en Argentina.
La información que el entonces canciller David Choquehuanca entregó a Transparencia dice que 11 funcionarios diplomáticos adquirieron en ese país vehículos, enseres personales, bebidas alcohólicas y cigarrillos avalados por las franquicias especiales que el gobierno argentino permitía a los representantes extranjeros.
Entonces se calculó que los funcionarios movieron 8,1 millones de dólares entre las gestiones 1987-2007.
En el caso de Arias, el documento de la Cancillería señala que el militar compró un vehículo tipo Hummer modelo H3, valuado en 34.300 dólares. Se desconoce el estado de ese proceso. Además de ese caso, según una publicación del periódico Estrella del Oriente, el militar estuvo involucrado en el accidente del avión Fokker F-27, ocurrido en 2002 en la ciudad de Guayaramerín.
“La pérdida de la aeronave provocó un daño al Estado de dos millones de dólares”, señala la publicación de ese medio, del 27 de julio de 2020, cuando el nombre del oficial surgió en la lista de militares ascendidos por un decreto de la entonces presidenta Jeanine Añez.
En 2002, las autoridades castrenses sancionaron a Arias y el hecho debió inhabilitarlo para el ascenso al grado superior, lo que al final no sucedió.
Bonos
El segundo caso de corrupción se cometió entre 2012 y 2013, según el sumario informativo firmado por el general Omar Salinas y el informe de un cajero militar.
Los documentos a los que accedió Página Siete señalan que el entonces teniente coronel Juan José Zúñiga y otros 12 militares fueron sancionados por el robo de 2,7 millones de bolivianos.
Los recursos estaban destinados a la logística y pago de los bonos Juancito Pinto y Renta Dignidad en localidades rurales del municipio de Viacha.
Zúñiga es el único militar que dio su versión a este medio, el 10 de febrero, un día antes de que el presidente Arce le imponga los grados como general de brigada. El actual Jefe de Estado Mayor del Ejército manifestó no tener cargos de cuenta pendientes en las Fuerzas Armadas (FFAA).
Sin embargo, no negó la existencia del sumario militar por medio del que fue sancionado con siete días de arresto.
Pese a la serie de delitos que se enumeran en los documentos sobre ese robo, los superiores de Zúñiga no remitieron el caso a la justicia ordinaria. Al menos cinco generales de la gestión 2014 incumplieron la obligación de pasar el caso a la justicia ordinaria.
“Qué alegría que me entrevisten, que me den la oportunidad de explicar lo que está pasando. Hemos ascendido 12 (oficiales al grado de general), de los 12, seguramente 10 están desesperados y me desprestigian para ocupar mi cargo. Esos 10 recurren al insulto, a la difamación”, respondió Zúñiga.
TAB
El tercer caso continúa vigente en tribunales y data de 2017. En ese hecho, el general Jaime Soria Jaldín fue imputado por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, por la compra irregular de un motor de avión que estaba dañado y que tuvo un costo total de 7.875.535 bolivianos.
La imputación firmada por el fiscal Harold Jarandilla, en febrero de 2021, precisa que el presunto hecho de corrupción se cometió mientras Soria era gerente general de la empresa estratégica estatal Transporte Aéreo Boliviano (TAB).
“No era el único que fue procesado no sabemos las razones, pero la Fiscalía apartó del caso a otros cinco jefes militares que estaban involucrados, pese a que había suficientes indicios materiales sobre su responsabilidad”, afirmó el abogado Ramiro Cabrera, quien fue defensa de otro sindicado.
De acuerdo con la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), los tres procesos y las sanciones que ya pesaban contra Zúñiga y Soria eran causas suficientes de inhabilitación al proceso de ascenso.
Zúñiga, Arias y Soria fueron ascendidos al grado de generales de brigada por medio de las resoluciones camarales 007 y 008/2021-2022, firmadas por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), que dio curso a la propuesta hecha por el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, y ratificada por el presidente Arce.Datos oficiales
- Diplomáticos El 24 de enero de 2008, la Cancillería de Argentina realizó una auditoría interna sobre una muestra de 98 automóviles introducidos entre 2004 y 2007, que reveló numerosos trámites que no cumplieron las normas. Más tarde se conoció que diplomáticos bolivianos, amparados en la inmunidad que les concede la Convención de Viena, comercializaban sus franquicias a ricos y famosos, quienes adquirían vehículos libres de impuestos.
- Cancillería En enero de 2008 un informe de la Cancillería de Bolivia, dirigida entonces por David Choquehuanca, dio cuenta de la investigación abierta contra 11 diplomáticos bolivianos acreditados ante el Gobierno argentino. Una auditoría de ese país reveló que los funcionarios bolivianos importaron vehículos y una serie de productos sin pagar impuestos, amparados otra vez en las inmunidades que les concede la Convención de Viena. Uno de los involucrados fue el general Jaime Arias.
- Viacha El informe del suboficial Porfirio Quispe, dirigido en 2013 al comandante del Ejército, Fernando Zeballos, reveló que ese año el responsable del Regimiento 23 Max Toledo, en Viacha, Juan José Zúñiga, recibió 2.780.465 bolivianos de manera ilegal. Según el documento, el dinero provenía del robo sistemático a los fondos destinados al pago de los bonos Juancito Pinto y la Renta Dignidad.
- Contraparte Desde febrero, este medio realizó las gestiones para lograr una entrevista con el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, o el personal involucrado en las denuncias de corrupción, pero no hubo respuesta. Tampoco se atendió a las consultas realizadas por este diario a la unidad de comunicación del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA).
FUENTE : PAGINA SIETE
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