El Gobierno calificó al paro de ayer como un intento de desestabilización y aseguró que la propuesta 218/2020, que proyecta la ley de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, quedó en suspenso mientras se desarrolla la “socialización”, pero desde la Cámara de Senadores.
El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo ayer que el alcance de esta noma fue distorsionado, precisamente para generar descontento contra la administración del presidente Luis Arce. Señaló que el marco legal vigente en el país ya permite enfrentar el lavado de dinero. “Esa ley está suspendida porque tenemos un marco legal que nos va a permitir seguir haciendo ese trabajo. Queríamos optimizarla, mejorarla y dar mayores resultados al pueblo boliviano, pero esto no va a ser motivo de enfrentamiento”, afirmó Lima.
Mientras, el ministro fijaba la postura del Ejecutivo, miles de comerciantes tomaron las calles de La Paz, Cochabamba, Tarija y Oruro para mostrar su rechazo a la norma, aunque no con criterios uniformes. Un grupo aceptó la posibilidad de dialogar con el Senado y otro optó por un ultimátum.
“En La Paz, hemos sido 15.000 en la marcha y ahora el Gobierno tiene 72 horas para retirar esa ley”, señaló el secretario ejecutivo de la federación de gremiales de El Alto, Antonio Siñani, luego de las movilizaciones de protesta.
Juan Carlos García, de la Confederación de Gremiales de Bolivia, señaló que su sector se manifestó contra la ley, pero aceptó ser parte del proceso de “socialización”.
“No es una ley escrita en piedra”, dijo el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y aseguró que el cuestionado proyecto centraliza varias leyes contra el lavado de activos que están dispersas en otras normativas nacionales.
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