“Para el año 2022 tendremos 75 millones de bolivianos de IDH, de los cuales 40 millones ya vienen con nombre y apellido, sobran 35 millones. Estamos hablando que más del 50% ya está destinado. Es decir, si el Chaco pretende un 45% nos deja en cero al resto del departamento. Lo que haremos es un consenso y esto no puede ser una reunión bilateral entre la Gobernación y el Chaco, somos seis provincias en el departamento y las seis tenemos el mismo derecho”, enfatizó la autoridad.
Montes desmintió que exista una normativa que obligue a la Gobernación transferir un porcentaje determinado del IDH a la Región Autónoma del Gran Chaco, como indican las autoridades chaqueñas. Muestra de ello, añadió, se gestiona una ley nacional y departamental para que se apruebe la transferencia directa de recursos del IDH al Chaco.
En ese sentido, indicó que recibirá a las autoridades chaqueñas el próximo 30 de septiembre, para plantearles la misma propuesta de distribución que se socializará con el resto de provincias.
“Trataremos de emular la fórmula de distribución nacional del IDH, que toma algunos criterios como el departamento productor y el departamento no productor, o sea, define porcentajes. También tiene criterios poblacionales, así que nosotros les vamos a proponer una forma de distribución que sea equitativa y que beneficie a todas las provincias”, explicó el Gobernador.
Asimismo, la autoridad informó sobre los programas y proyectos a los que se destinará el IDH para la próxima gestión. Entre ellos, la Renta Dignidad, con más de 20 millones de bolivianos; vacunación, con 8 millones; el prediario para los privados de libertad, que supera los 3 millones y otros programas, como la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo (OTN), programas de protección a la mujer y a los niños, programas de seguridad ciudadana, el Museo Paleontológico y el Observatorio Astronómico Nacional, entre otros.
Reunión en el Chaco
Son seis exigencias que determinaron las autoridades y organizaciones sociales chaqueñas para la Gobernación de Tarija, casi todas referentes a la transferencia de recursos económicos y de empresas públicas. Mientras que a las autoridades nacionales les piden emitir un decreto o ley para la transferencia directa del IDH. Estas conclusiones fueron dadas en una reunión sostenida el 14 de septiembre en Yacuiba, donde se declararon en estado de emergencia, no descartan movilizaciones.
Como punto uno, exigen la transferencia de las empresas públicas como Servicios Eléctricos Tarija (Setar) y la Empresa Tarijeña del Gas (Emtagas). Su segunda petición tiene que ver con la creación del Servicio Regional de Salud (SERES). También piden la transferencia y pago de la deuda histórica que tiene la Gobernación con el Chaco, la transferencia directa del Impuesto Especial de los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) y otros recursos extraordinarios.
Fuente:ElPaís
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