Denuncian emboscada de colonos a comisión que iba a desalojar Bajo Paraguá y a inspeccionar incendios.

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Una comisión integrada por autoridades regionales denunciaron este martes, en conferencia de prensa, que fueron víctimas de una emboscada por parte de los colonos que insisten en avasallar Bajo Paraguá, que tiene doble blindaje legal al ser área protegida y reserva forestal, por tanto tierra fiscal no disponible para las dotaciones.

La denuncia fue hecha por el subgobernador de la provincia Velasco, Aurelio Vaca El Hage; la diputada de Creemos, María René Álvarez; la presidenta del Comité de Gestión de Bajo Paraguá y cacique de Porvenir, Maida Peña; el alcalde de San Ignacio de Velasco, Ruddy Dorado; el presidente cívico de San Ignacio, Dino Franco; y la cacique de Piso Firme, Hortencia Gómez.

Peña dijo que se dirigían al Bajo Paraguá (San Ignacio de Velasco) a proceder con el desalojo de los colonos -que ya tienen cultivos- y también a inspeccionar la ubicación y gravedad del incendio dentro de dicha reserva forestal, que amenaza al Parque Nacional Noel Kempff Mercado.

«Llegamos al área para poner letreros y preocupados por los incendios porque sabemos que en algunas partes hay fuego; sin embargo, prácticamente fuimos emboscados por gente que desconoce la resolución que da el INRA, de que esas no son tierras disponibles. El INRA negó el asentamiento a 59 comunidades que solicitaron», explicó Peña.

Según los denunciantes, fueron confrontados por los colonos, que los amenazaron y les dijeron «que iban a meter a más de 400 familias. En todo momento lo que ellos querían era confrontar, pero no fuimos con esa intención». 

Peña también denunció que, al regresar a San Ignacio se encontraron con una camioneta de la Policía que estaba de ida, aparentemente para proteger a los colonos. 

La presidenta del Comité de Gestión de Bajo Paraguá informó que invitaron a los colonos a una reunión a llevarse a cabo este jueves 25 de agosto, en San Ignacio de Velasco, para hablar sobre este tema y mostrar la documentación legal que respalda al área protegida. 

«Vamos a proteger este territorio, ya que es nuestra casa. Como indígena y cacique de la comunidad Porvenir haremos respetar como nos corresponde porque hemos crecido allá y nosotros sí cuidamos nuestros bosques. Ellos mencionaban que son bolivianos, que quieren trabajar la tierra, pero nosotros les explicamos que esa tierra no es para agricultura ni para deforestar», agregó.

Peña apuntó como líder de la «emboscada» a Ciriaco Umaña, dirigente de la Central Única de la comunidad San Martín, la más grande de esa zona, y que también encabezó el bloqueo a una comitiva que hace varios meses fue hasta la zona para poner los mojones que demarcaban los límites.

Por las malas

En esa oportunidad, cuando ocurrió el bloqueo, EL DEBER estuvo presente. Los colonos advirtieron con retirar los mojones, cosa que hicieron, si no eran incluidos como parte del área protegida.

Según consta en acta de aquel encuentro, los colonos dijeron que eran siete comunidades, con un promedio de 60 familias. Sin embargo, en la documentación del INRA constan 59 solicitudes de asentamiento dentro del área protegida, la mayoría de la agrupación Interculturales, luego vienen otras solicitudes que no consignan datos de los sindicatos a los que pertenecen, le sigue la Csutcb en cantidad de pedidos y, por último, con tres de las demandas aparece una de las Cidob (la organización está dividida), que aglutina a los indígenas de tierras bajas, que son quienes hoy defienden el área protegida. 

«Prácticamente fuimos emboscados. No hay cumplimiento de la normativa, es más, nos dijeron que quieren trasladar a 400 familias a que se asienten ahí. Es evidente que esta gente fue trasladada para que se asiente y ocasione este tipo de conflictos. Después de la emboscada tumbaron todo lo que hicimos, letreros, etc.», denunció Álvarez.

La diputada también denunció que el alcalde de San Ignacio hizo llegar una nota, tanto a la Policía como a los militares, para proceder al desalojo, y que ninguno de los grupos se apersonó. «Pero sí se apersonó la Policía cuando el ministro de Gobierno dio la orden de que vayan porque había conflictos, y obviamente querían encontrar algo contra nosotros«, dijo la diputada.

EL DEBER se comunicó con Ciriaco Umaña, quien aclaró que no dirigía a los grupos de colonos, sino que los acompañaba como invitado porque ya no es dirigente, y que en el momento del bloqueo de hace varios meses, cuando Moisés Salces era alcalde, él solo obedecía a sus bases por su responsabilidad dirigencial, del mismo modo en que los caciques chiquitanos obedecen a sus bases.

Fuente:ElPais


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