Las acciones legales para esclarecer las muertes y otras graves afectaciones por la violencia política de 2019 avanzaron con mayor velocidad para los opositores y militares en el curso de las últimas horas. Hasta ayer, más de seis altos jefes de las Fuerzas Armadas fueron enviados a prisión bajo sospecha de tener responsabilidades en la pérdida de vida de civiles en Senkata y Sacaba.
Pero, en otros casos, en los que están involucrados personas afines al MAS, las acciones legales están congeladas o extintas, según manifestaron ayer a EL DEBER familiares de esas víctimas. Además, estas personas también esperan conocer el contenido del informe que elaboró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pues fueron contactados por estos personeros y entregaron sus testimonios.
Eduarda Salvatierra, quien perdió a su esposo Mario Salvatierra el 31 de octubre de 2019 tras una manifestación del MAS en Montero, expresó ayer con tristeza que hasta el momento no existe una sanción, como resultado de una investigación seria, contra los ciudadanos que pudieron haber matado a su pareja.
“No ha pasado nada, no hay nada. Hace mucho tiempo recibieron libertad los que estaban aprehendidos. Todos. Ellos eran sospechosos. Todos están libres. De ahí, no siguió más, hasta los abogados me dejaron. No se sabe nada”, afirmó Salvatierra con la voz entrecortada. “Hay una justicia divina que es la que puede todo”, añadió, ya entre sollozos.
Consultada sobre si fue visitada por los especialistas de la GIEI, Eduarda Salvatierra respondió: “Vinieron, pero de ahí quedaron en llamarme. ¿Me llamarán? No lo sé”, afirmó a este rotativo.
Mario Salvatierra falleció tras ser alcanzado por un proyectil de arma de fuego durante un enfrentamiento entre cívicos y afines al MAS.
El día que murió Salvatierra, también falleció el cívico Marcelo Terrazas. Ambos eran parte de las movilizaciones de los 21 días que se desarrollaron en todo el departamento de Santa Cruz para pedir la realización de otras elecciones debido a las sospechas de fraude que existían entonces a raíz de un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que había detectado una “manipulación dolosa” en esos los resultados. El MAS rechazó las acusaciones y, luego, denunció “golpe de Estado”.
Los familiares de ambos reclamaron porque la justicia liberó a todos los sospechosos, incluido a Facundo Molares, exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que estaba en un coliseo de Montero. También liberaron a la diputada Deisy Choque y a todos los miembros del MAS, que habían sido señalados por el hecho. En febrero fue firmado el Decreto 4461 de amnistía.
El propósito de esa norma consistía en “reestablecer los derechos civiles y políticos, en procura de celeridad y debido proceso para aquellas personas que se encuentran procesadas, como consecuencia de los conflictos políticos y sociales, caracterizados por vulneraciones masivas y generalizadas de derechos fundamentales y garantías constitucionales, suscitadas durante la crisis política institucional del Estado acontecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.
Ramiro Llanos cree que ese decreto fue aprobado para favorecer a las personas que estaban siendo procesadas por el fallecimiento de su padre, Julio Llanos, un reconocido activista de los derechos humanos que reclamaba por las víctimas de las dictaduras militares. Tenía 82 años cuando murió, aquel el 29 de noviembre de 2019 en el hospital Obrero de La Paz, tras un mes de agonía. El 28 de octubre de ese año fue golpeado por un grupo de manifestantes que había tomado las calles para expresar su respaldo a Evo Morales.
“Lo último que hemos sabido es la amnistía que han dado a todos esos grupos y se frenaron los procesos. Hemos pedido fotocopias legalizadas para pedir esa documentación y, en algún momento, retomar el proceso. En eso estamos, esperando”, afirmó.
Llanos señaló que en el testimonio que dio al GIEI incluyó información de contexto sobre la agresión contra su padre. “Ha sido víctima de un grupo financiado por el MAS, disfrazados, en algunos casos. Les dieron cascos y otros implementos a la gente que marchaba”, afirmó y preciso que Julio Llanos sufrió por efecto de unos coágulos de sangre cerebrales producidos por la golpiza y la caída que sufrió en El Prado de La Paz.
Recordó que en esa protesta había participado Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera, y la exministra de Salud Gabriela Montaño. “Todo eso está registrado en varias imágenes”, remarcó.
El informe del GIEI fue presentado el viernes 23 al Gobierno, que tiene 10 días para formular comentarios. Tras este lapso, los especialistas publicarán la investigación.
El viceministro de Justicia, César Siles, anticipó que este reporte será enviado a la Fiscalía para que lo incorpore en la proposición acusatoria planteada contra la expresidenta Jeanine Áñez con miras a la instalación de un juicio de responsabilidades por el delito de genocidio y que pudo cometer por la responsabilidad en el fallecimiento de una veintena de personas en Senkata y Sacaba. El caso es impulsado por el Servicio de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), una entidad del Ministerio de Justicia.
En el escenario de los juicios ordinarios sobre Senkata, varios ex altos mandos militares fueron enviados a prisión hasta el momento. El excomandante general del Ejército, Iván Inchauste Rioja, fue enviado a prisión el viernes 23 de julio. El domingo esa misma suerte corrió el exjefe de Estado Mayor general de las Fuerzas Armadas Pablo Arturo Guerra Camacho
Antes de ellos, la justicia ordenó la detención de general Franco Suárez Gonzales, y su camarada Luis Valverde Ferrufino. En marzo, el general en retiro y exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Luis Fernando Valverde Ferrufino fue remitido al penal de El Abra, en Cochabamba.
Ayer, la Policía capturó al coronel Luis Alberto Pacheco, excomandante de la Décima División de Ejército por la represión del 12 de noviembre en Betanzos (Potosí), donde murió un campesino. Del mismo modo fue aprehendido el almirante Moisés Orlando Mejía por el caso Senkata. Fue comandante de la Armada en el Alto Mando que dirigió por el general Sergio Orellana, hoy prófugo.
Dudas
El ministro de Justicia, Iván Lima, explicó que las recomendaciones del GIEI deberían servir “como un punto de encuentro para restablecer relaciones fracturadas del país y estar basadas en la justicia, pues jamás la impunidad será la base para la reconciliación”.
Marco Pumari, exlíder cívico y que en 2020 fue candidato a la Vicepresidencia por Creemos, expresó dudas sobre la imparcialidad con esa investigación
El 9 de noviembre de 2019, una caravana de autobuses que había partido desde Potosí con activistas regionales para unirse a las protestas en La Paz contra los resultados de las elecciones de ese año, fue emboscada por supuestos seguidores del MAS. En el apartado sobre “actos de tortura cometidos por personas particulares”, el informe de la Defensoría del Pueblo reportó, incluso, “agresiones de carácter sexual cometidos contra las víctimas de los hechos ocurridos en Vila Villa”, en Oruro.
“¿Quiénes han organizado esos grupos de choque? ¿Esos grupos armados para ir en contra de la misma población movilizada? Son respuestas pendientes de la Justicia”, afirmó Pumari, quien además cuestionó que algunos implicados en ese caso hoy son funcionarios.
Fuente:ElPais
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