Cívicos e indígenas se declaran en emergencia por la toma de tierras.

Compartir Noticia

La temperatura va subiendo por la ocupación de campesinos y colonos en el territorio chiquitano de Santa Cruz. La tarde de este jueves, el Bloque Cívico de esa región se reunió en San José de Chiquitos y determinó declararse en emergencia y movilización permanente ante la inacción de las autoridades del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Pidieron a la Gobernación que convoque nuevamente a la Comisión Agraria Departamental (CAD) para el próximo 2 de agosto.

Los pueblos indígenas de la Chiquitania también manifestaron que tomarán medidas de hecho si continúan las ocupaciones no consensuadas en sus territorios y advirtieron con usar la fuerza si las autoridades nacionales y regionales no logran desalojar a los colonos, calculados en más de 2.000 comunidades.

Los cívicos, que se reunieron a partir de las 15:00 en la sede del Comité Cívico Femenino de San José, emitieron un pronunciamiento de siete puntos en el Parque Santa Cruz La Vieja, donde el presidente cívico provincial, José Serrate, leyó el documento que exige el cumplimiento de la Ley 3545, que establece que la dotación de tierras fiscales sea a favor de pueblos y comunidades indígenas u originarios, campesinos y colonizadores que residan en el lugar y no posean tierras.

Así también pidió a la Asamblea Legislativa Departamental declarar una ley de pausa ambiental, con el objetivo de proteger el territorio de los incendios ocasionados por las autorizaciones de deforestación “criminales y atentatorias emitidas por la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT)”.

En el último punto, de declaratoria de movilización permanente, se exigió al director departamental del INRA, Adalberto Rojas, su participación en la próxima convocatoria de la CAD. “En caso de su inasistencia, en 72 horas, los comités cívicos chiquitanos tomarán medidas de hecho”, señala el documento.

EL DEBER intentó conocer la versión del director del INRA, Eulogio Núñez, pero contestó que no podía atender la llamada por estar en otra conversación telefónica. Luis Orlando Flores, director de la ABT Santa Cruz, tampoco pudo ser contactado.

De acuerdo con la Ley 1715, la Comisión Agraria Departamental tiene las facultades de supervisar el tema tierra. En la misma debe participar el INRA, pero hasta el momento no se ha presentado a la convocatoria a inicios de julio.

El presidente del Comité Cívico de San Ignacio, Dino Franco, lamentó que Núñez no responda a las últimas llamadas telefónicas. “En principio aparentaba apertura, pero ahora se lava las manos”, aseveró, a tiempo de anunciar que se recurrirá al bloqueo de carreteras si no se logra una solución.

Justicia comunitaria

Ernesto Barba, cacique del Cabildo Indígena de San José de Chiquitos, dijo que se apoyará la determinación de los cívicos, pero que como indígenas actuarán aplicando la justicia comunitaria, en caso de que los ‘avasalladores’ continúen con sus intenciones.

“Ellos mismos saben cómo es la justicia comunitaria. Aquí no se va a permitir más asentamientos, primero se les pedirá que tengan la amabilidad de retirarse, caso contrario vamos a darles el castigo chiquitano, la guasca”, sentenció.

De su lado, Maida Peña, presidenta de la Central Indígena del Bajo Paraguá (Cibapa), subrayó que la resolución del INRA fue clara, al negar el asentamiento de 59 comunidades que habían solicitado tierras no disponibles.

“Hemos pedido a la ABT que tome las acciones y ahora están viendo cómo hacer el desalojo, y si no los desalojan, nosotros lo haremos por la fuerza”, remarcó Peña, a tiempo de anunciar que la próxima semana se analizarán las acciones a tomar.

En un informe legal, emitido por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el INRA concluyó y recomendó que, al tratarse de tierras fiscales no disponibles, la insitución no inició ni inicirá procesos de dotación en la Reserva Forestal del Bajo Paraguá.

INTERCULTURALES: “ES UN SHOW MEDIÁTICO DE LOS CÍVICOS”

El secretario ejecutivo de la Federación de Interculturales de la Chiquitania, Óscar Castro, calificó como un “show mediático” el congreso de los cívicos chiquitanos y acusó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de “tratar de desestabilizar al Gobierno en base a mentiras”.

Anunció que este fin de semana, los interculturales de todo el país realizarán un congreso en Puerto Villarroel, donde sacarán sus conclusiones sobre la actual problemática de la tierra. Al mismo tiempo, acusó a los dirigentes indígenas chiquitanos de dejarse utilizar por los “cívicos racistas”.

Por su parte, Lázaro Tacoó, presidente de la Coordinadora por la Defensa del Territorio de la Nación Chiquitana, aseguró que se realizará una inspección ocular en los lugares ocupados y se espera retomar la agenda que llevaban adelante con el INRA y, en función a los resultados, se harán las impugnaciones para que tenga prioridad la gente oriunda del lugar al momento de la dotación. Espera que la próxima reunión de la CAD sea para aunar esfuerzos, y no para dar oportunidad a los dirigentes de los colonos, como se vio en el bochornoso encuentro que se realizó en San Miguel de Velasco.

Fuente:ElPais


Compartir Noticia

Comentarios