Lima confirma que Argentina empezó el trámite para el ingreso de armas al país cuando Evo aún era presidente.

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El ministro de Justicia, Iván Lima, admitió este sábado que el trámite, en Argentina, para la incursión de pertrechos militares de ese país a Bolivia, se inició el 7 de noviembre cuando Evo Morales aún era presidente del país y que el tema estaba controlado por los ministros Carlos Romero y Javier Zavaleta. Sin embargo, aclaró que fueron solo 3.600 unidades, pero llegaron 70 mil, ingresaron de forma irregular al país y fueron recibidos por militares y policías. 

“Efectivamente la solicitud se hizo cuando estaba en el gobierno el presidente Evo Morales; los ministros Javier Zavaleta y Carlos Romero tenían el control de la tramitación de este ingreso de armas. Y se hizo en Argentina por una cantidad mucho menor a la que llegó al país, es decir, por 3.600, pero llegaron 70 mil”, aseguró.

Lima complementó que las autorizaciones posteriores, tras la salida de Morales, Zavaleta y Romero, tuvieron que ser realizadas por el excomandante de la Policía, Yuri Calderón, y el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Gonzalo Terceros, en el caso de las FFAA.

Dijo que esto es lo único que podía explicar sobre el arribo de un avión argentino a la base militar de El Alto, en el aeropuerto de La Paz.

El ministro hizo estas declaraciones en el programa ¡Qué semana!, de EL DEBER Radio. Cuando se le pidió que ratifique que la solicitud fue realizada por el gobierno de Morales, replicó: “No, está distorsionando mis palabras, no hizo ninguna solicitud el gobierno de Evo Morales. No dije eso. Cuando se hizo la solicitud en Argentina, estaba como presidente Morales. La solicitud la realiza la gendarmería a las autoridades aduaneras, militares y policiales de ese país. A partir del 7 de noviembre empiezan los trámites de autorización de remitir todos esos materiales a Bolivia, lo cual muestra que hubo una intervención planificada y coordinada de distintos países de la región para intervenir en asuntos internos de Bolivia”.

Cuando el Gobierno boliviano presentó la denuncia, puso como evidencia principal una carta que fue firmada el 13 de noviembre por el excomandante de la FAB, Jorge Terceros, que ya había renunciado a su cargo y ese mismo día fue relevado del mando por Áñez. “Eso no demuestra nada, los militares tienen la obligación de hacer una transición ordenada”, así que Terceros pudo mandar esa carta, según el ministro.

“Alguien dio la autorización para que ingrese el avión argentino con esta carga militar, alguien negó la salida de la aeronave en la que Evo Morales pretendía salir del país, y ese fue el general Terceros”, dijo Lima.

Mencionó que en el protocolo de Palermo, queda claro que si no hay autorización expresa de los Estados, “y en este caso no existe ese documento ni en los ministerios de Gobierno, Defensa ni Cancillería, ese material ingresado es prueba de que hubo tráfico de armas”.

Reiteró que se pidieron 3.600 balines, pero que  a Bolivia llegaron 70 mil. Esto, para el ministro, no tiene carácter de donación. “Si fuera así, debió pasar por la Asamblea Legislativa. Al llegar al país, el 60%, es decir 70 mil unidades del material, se va con las FFAA y el 40% en la Policía. “De esas 30 mil unidades, 20.600 estarían en depósitos de la institución. No fueron inventariadas, ni consta en la Cancillería una tramitación para la importación de este material”.

Para el ministro, esto confirma que hubo contrabando. “Se califica de tráfico irregular de armas, cuando en el país receptor existe una situación de confrontación o hechos que puedan implicar violación grave de Derechos Humanos. Cuando podrían utilizarse en una determinada nación en un momento de conflagración, no se puede enviar a ese país ningún tipo de armamento, letal o no letal. Esto va más allá de la carta. Pocas unidades fueron utilizadas por la Policía. No sabemos qué pasó con el material entregado a las FFAA”.

Concluyó que los militares están entrenados para situaciones de violencia extrema. “En muchas de las autopsias no se encontraron las balas dentro de la víctima y eso obliga a indagar si es que ellos utilizaron este material llegado de Argentina en las represiones de Senkata, Huayllani y Sacaba”, dijo.

Fuente:Deber


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