El problema empezó en plena época de campaña electoral, ya pasaron las elecciones subnacionales, y nadie da una solución, ni siquiera porque la época de pandemia podría presentar alguna emergencia aérea.
Es más, en la última semana la situación se ha agravado, a tal extremo que el avasallamiento del antiguo aeropuerto de San Ignacio, Juan Cochamanidis, ya está casi sobre la pista de aterrizaje, y ha obligado a suspender todos los vuelos.
Mientras tanto, hay anuncios de apertura del nuevo aeropuerto internacional que no se concretan, debido a que falta una autorización de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC), según informes de Aasana.
«El aeropuerto Juan Cochamanidis Saucedo ha suspendido los vuelos por la afectación de la franja de seguridad de la pista, ante los obstáculos creados por los avasalladores y sus viviendas. Por otra parte, el Aeropuerto Internacional de San Ignacio de Velasco todavía no cuenta con la habilitación de la DGAC», indicó el personal de Aasana a EL DEBER.
Según Aasana, la normativa manda un mínimo de 75 metros del eje de pista para volar, caso contrario, se elevan los riesgos de accidentes.
En la instancia judicial
El Diario Mayor accedió al acta de audiencia de medida cautelar de detención preventiva, impulsado por Aasana contra los denunciados por avasallamiento, tráfico de tierras, destrucción y deterioro de bienes del Estado y atentado contra la seguridad de los medios de transporte.
En la audiencia, el juez del Juzgado Público Mixto e Instrucción Penal 1 de San Ignacio de Velasco, Miguel Borjas, determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva para los denunciados: Adelaida Seoanez Herrera y Fabián Dorado Montero.
Asimismo, este lunes 7 de junio se realizará la inspección ocular en la zona avasallada, con autoridades judiciales y los denunciantes, que pidieron más apoyo para desalojar a estas personas. Para esa cita, Aasana hará llegar convocatoria al gobernador, a la asamblea y a la brigada.
Según el exalcalde Moisés Salces, había una ley municipal que establecía que los predios pasaban a manos de la Alcaldía, ya que Aasana no presentó documentación. Desde Aasana dijeron que la ley municipal sobre los predios sigue vigente, pero Aasana está peleando como dueña en representación del estado Plurinacional de Bolivia y como administradora de los aeropuertos.
«A la Alcaldía no le interesa entrar en litigio, como se dice, no les importa, ni a la anterior ni a la actual gestión. El alcalde de hoy ni se ha apersonado al proceso para defender el aeropuerto. Hay mucha gente involucrada en esto, desde autoridades hasta movimientos sociales. Son cinco los grupos que se repartieron el aeropuerto», cuestionó el funcionario de Aasana, que pidió el anonimato porque no le permiten dar declaraciones desde La Paz.
Otra persona que cuestionó públicamente los avasallamientos en el aeropuerto fue Alberto Bauer, representante de la Cooperativa de Servicios Públicos de San Ignacio de Velasco (Coosiv). Lamentó que por sus críticas a este grupo de personas, fue buscado por ellas en instalaciones de la cooperativa.
EL DEBER ´llamó al nuevo alcalde, pero no respondió.
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