Temor al contagio, la Covid aflige a las mujeres del penal.

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“La puerta no se abrió ni están dejando pasar a los familiares. Tampoco nos han dejado pasar las cosas que hemos comprado porque dicen que están en encapsulamiento”, explica una mujer que luce cansada a mediodía de un viernes en la puerta del penal de Morros Blancos de la ciudad de Tarija. Ella lleva un barbijo artesanal en la cara, un sombrero y una bolsa de nylon blanca que contiene una lavandina, dos jabones, toallas higiénicas, dos pares de medias, un detergente y 10 bolivianos.

“Hace unos tres años debe ser (duda del tiempo) que mi hermana está en la cárcel por un problema de su exmarido. Nosotros sabíamos que andaba con drogas. Ella se fue joven de la casa y ahí lo conoció”, cuenta mientras intenta agarrar de la mano a dos pequeños que la acompañan. Ellos también se ven cansados y acalorados bajo sus chompas de colores. No llevan barbijo, pero si un muñeco desgastado.

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (DDHH), Teresa Rojas, manifestó que son cuatro meses que las reclusas no pueden ejercer las actividades económicas que les ayudaban a conseguir recursos para la compra de sus víveres e insumos que necesitan. Tampoco los talleres que brindaba una sección del Municipio de Cercado se realizan a causa de la emergencia sanitaria.

“No tienen cómo acceder a insumos de higiene, las condiciones en las que ellas estaban ya eran insuficientes y con la emergencia mucho más. Las mujeres privadas de libertad tienen mayor vulnerabilidad a tener deficiencias en sus defensas. Sabemos que no cuentan con el personal de salud suficiente. Había un médico que tenía que ingresar, pero al final no ingresó y todo el penal cuenta con muy pocas condiciones”, señaló.

Situación     De 34 mujeres privadas de libertad, 17 tienen sentencia y 17 están con detención preventiva

Las mujeres de la cárcel suelen ganarse la vida lavando ropa y cocinando, pero con la emergencia sanitaria ambas tareas son imposibles de realizar.

El 6,5 por ciento del total de internos son mujeres, es decir que de las 504 personas privadas de libertad hay 34 mujeres, una se encuentra en el Instituto Nacional en Prevención, Tratamiento, Rehabilitación e Investigación en Drogodependencias y Salud Mental (Intraid).

La directora de Régimen Penitenciario de Tarija, Maribel Mariela Figueroa, informó que, del total de mujeres, el 50 por ciento tiene una sentencia y el otro 50 se encuentra con detención preventiva.

Las internas oscilan entre los 18 y 65 años de edad. Dos de ellas se encuentran en el rango de vulnerabilidad más alto para contraer el Covid-19. Los delitos por las que se les acusa son diversos, pero la mayoría se encuentra por robo o posesión de drogas. También hay casos de complicidad respecto a otros acusados y a estafa. De las 34, 19 son madres, aunque su maternidad es a la distancia.

“Hay una Ley para que los niños y niñas de personas privadas de libertad sean trasladados a hogares de familiares o a casas de acogida. El problema es que hay casos en los que ambos padres están en el penitenciario. Fue muy difícil porque, por un lado, estos niños corren riesgos dentro del régimen, pero por el otro están las madres que no pueden ver a sus hijos y desconocen cómo están”, señaló Rojas.

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) expresó su preocupación por la situación sanitaria en los centros penitenciarios de Bolivia y por la falta de medidas para proteger a las internas en medio de la pandemia por la Covid-19.

Tanto esta organización como muchas otras que buscan prevalecer los derechos humanos junto a los familiares y amigos de personas privadas de libertad, exigieron a las autoridades nacionales modificar el Decreto de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y de Emergencia Nacional, porque consideraron que esta normativa era ineficaz para reducir los niveles de sobrepoblación en las cárceles de Bolivia.

“Las necesidades que tiene una mujer son diferentes físicamente a las de un hombre. Nosotras necesitamos hierro y otras vitaminas, por eso se pide a la salud pública que tomen en cuenta la brecha de género. En los regímenes penitenciarios las condiciones de salubridad son pésimas, su nutrición es pésima. Las mujeres son la población más vulnerable dentro de una población de por sí vulnerable”, explica Rojas, a tiempo de indicar que se gestionará una solución preventiva para que este grupo no sufra las consecuencias letales del virus.


Muertos y contagiados en el penal de Tarija

En pasados días, tres privados de libertad perdieron la vida dentro del penal de Morros Blancos a causa del coronavirus. Un grupo de familiares pedía a las autoridades medicamentos de prevención contra la Covid-19 para los y las internas. Los mensajes filtrados de los reclusos decían que todos los internos ya estaban contagiados, que la mayoría presentaba síntomas y que aún no había personal de salud para atenderlos.

La internas iniciaron un huelga de hambre para solicitar la garantía de medicamentos e insumos de bioseguridad. Despues de una jornada de reuniones virtuales y debate sobre los requerimientos, las intituciones fueron convocadas por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT). La asambleísta, María Lourdes Vaca, indicó que las internas elaboraron un documento para solicitar los prediarios, un cronograma de higiene en el interior del penal y otros puntos. 


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