La posibilidad de que algunas clínicas privadas sean expropiadas causó malestar en empresarios privados y algunos centros médicos. La clínica Udabol, en Santa Cruz, y la Univalle, en Cochabamba, fueron apuntados por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, como los nosocomios que el Ejecutivo pretende expropiar ante la saturación del sistema público de salud.
Udabol salió al paso y reprochó el anuncio y los privados también cuestionaron la intención gubernamental.
El Hospital Universitario Martín Dockweiler (conocido como clínica Udabol), a través de un comunicado, informó que las instalaciones de este nosocomio todavía no están en funcionamiento y que están en la etapa de implementación y equipamiento. El centro médico, de propiedad del empresario Martín Dockweiler, remarcó que el anuncio de Murillo «solo genera inseguridad jurídica que perjudica e impide la puesta en funcionamiento del hospital» y que de tomar esa decisión afectaría a la presidenta Jeanine Áñez, porque va en contra de la normativa.
«La declaración del ministro (Murillo) vulnera de manera flagrante nuestro derecho fundamental previsto en el artículo 56 de la Constitución, porque no existe en el ordenamiento jurídico la figura de intervención que se halla reservada para los regímenes de facto, ajenos al sistema de Gobierno democrático, inadmisible en un Estado Constitucional Social de Derecho», dice parte del comunicado.
En Cochabamba, la Federación de Empresarios Privados de esa región señaló que el anuncio de Murillo causó «sorpresa» y adelantó que de materializarse el intento de aprobación se estaría poniendo en peligro la «seguridad jurídica» del país.
«Rechazamos toda medida no consensuada y aceptada, que pone en grave peligro la estabilidad económica y seguridad jurídicas de las empresas e instituciones. Consideramos que el Gobierno nacional debe maximizar esfuerzos de coordinación sin entrar en el exceso y poner en duda la fe del Estado«, dice el comunicado de los empresarios cochabambinos.
Mientras, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su rechazo a la intención de expropiación del Gobierno y detalló que de aplicarse esa intención sería una acción unilateral. La entidad exhortó al Ejecutivo al diálogo para concretar esfuerzos para enfrentar la crisis sanitaria.
«Exhortamos al Gobierno a que, si se necesitan mayores acciones y recursos para enfrentar la crisis sanitaria, privilegie el diálogo y la coordinación con los actores directos, prescindiendo de advertencias y acciones unilaterales, que pueden generar más incertidumbre en el sector privado e incluso afectar derechos protegidos por la Constitución (Política del Estado) y las normas vigentes”, afirmó el sector privado en un comunicado público.
Recién, el ministro Murillo aclaró que la intención del Gobierno no es expropiar los hospitales sino comprar o alquilar estos bienes a «precio justo». La autoridad aprovechó para atacar al Movimiento Al Socialismo (MAS) y volvió a hacer énfasis en que sus declaraciones no fueron entendidas por empresarios privados y clínicas privadas.
«Posiblemente el tema de expropiación en un precio justo no se ha entendido bien, si no se ha entendido bien, lo corregimos. Nosotros no somos el MAS, nosotros no somos locos, pero sí nos preocupamos de verdad por el pobre, por el más necesitado, porque los ricos no tienen problemas (…) Sería una alianza entre públicos y privados, donde si es necesario comprar un hospital, lo compramos, si es necesario intervenir al hospital y pagarle justo alquiler al dueño del hospital o clínica, lo haremos», aclaró Murillo en declaraciones a la red Unitel.
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