El confinamiento decretado en Somalia para contener la pandemia de coronavirus no ha logrado frenar las mutilaciones genitales en el país con mayor tasa de prevalencia de todo el mundo, donde se están llegando a ofrecer estos servicios «casa por casa», según advirtió la ONG Plan International.
Según el Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef), un 98% de las niñas de entre cinco y 11 años han sufrido en Somalia la mutilación total o parcial de sus genitales, una práctica abusiva contra las mujeres que sigue siendo legal en el pais africano.
El Fondo de Población de la ONU (Unfpa) reconoció que la emergencia sanitaria lastrará los esfuerzos para erradicar la mutilación genital y adviritó que podrían producirse en la próxima década dos millones más de procedimientos que se habrían evitado en otras circunstancias.
La responsable de Plan en Somalia, Sadia Allin, dijo que para muchas familias el confinamiento decretado por la crisis sanitaria es «un momento oportuno» para efectuar este procedimiento, ya que «hay tiempo de sobra para la curación».
El encierro tampoco frena a las mujeres responsables de perpetrar las mutilaciones, que dependen en gran medida de estos ingresos para subsistir. «Están llamando casa por casa para cortar a las niñas», ha lamentado Allin en un comunicado.
Entre los casos atendidos por la ONG está el de dos hermanas de ocho y nueve años mutiladas la semana pasada y que «todavía están intentando entender lo que les ha ocurrido». La responsable de Plan explicó que la madre de estas niñas, como tantas otras, veía estos cortes «como una parte esencial de la identidad cultural y de género, una condición para el matrimonio y un importante rito religioso».
La organización alertó que el encierro derivado de la pandemia ha aumentado más aún la vulnerabilidad de unas niñas que viven en contextos de riesgo y ha recordado que la mutilación genital no tiene ningún tipo de beneficio para quienes la sufren. En cambio, acarrea consecuencias médicas y psicológicas de por vida.
«Todas las mujeres y niñas deberían tener la autonomía y el conocimiento necesarios para poder tomar decisiones libres e informadas sobre cuerpo», ha subrayado Allin, que ha llamado a sumar familias, comunidades y líderes religiosos en los esfuerzos para «cambiar actitudes y normas» en los países donde aún persiste esta lacra.
«Necesitamos que no se perciba como algo aceptable, beneficioso o tolerado y que, en cambio, se condene como una violación de Derechos Humanos que es necesario eliminar», ha añadido.
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