El pasado 7 de mayo, el Gobierno de Jeanine Áñez aprobó el Decreto Supremo 4232 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer mecanismos abreviados para la evaluación de semillas transgénicas en Bolivia. Esta determinación fue inmediatamente cuestionada por políticos, organizaciones, instituciones y colectivos.
Desde Argentina, el expresidente Evo Morales criticó a Áñez por asumir esa medida y la acusó de “matar” a la población con productos genéticamente modificados.
“En Bolivia, el gobierno de facto no tiene autoridad moral para decir que defiende la vida porque todas sus acciones han sido, hasta ahora, letales contra el pueblo: nos mata con bala, nos mata con hambre y ahora nos mata con transgénicos”, escribió en un tuit.
Cabe recordar que el 26 de junio de 2011, el exmandatario promulgó la Ley 144 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, que legaliza el uso de transgénicos en el país e impulsa la importación de productos transgénicos.
La norma 144, que tiene como principio garantizar la seguridad alimentaria, en su artículo 19, numeral cinco, señala que “se establecerán disposiciones para el control de la producción, importación y comercialización de productos genéricamente modificados”.
El art. 409 de la actual Constitución Política del Estado señala que la producción, comercialización e importación de transgénicos será regulada por ley.
La norma promulgada por Morales dispone que los productos transgénicos deberán estar debidamente identificados y el control estará a cargo de tres entidades.
“Todo producto destinado al consumo humano de manera directa o indirecta, que sea, contenga o derive de organismos genéticamente modificados, obligatoriamente deberá estar debidamente identificado e indicar esta condición”, dice el artículo 15 de la LEY 144.
Las tres entidades al que hace referencia son el Servicio de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad (SENASAG), el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria Forestal (INIAF) y el Comité de Bioseguridad.
La Ley 144 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, lleva la firma de Morales y de cinco de sus ministros: Carlos Romero, Sacha Llorenti, Teresa Morales, Mabel Monje y Claudia Peña. La norma fue promulgada pese a la prohibición que establece la Constitución Política del Estado y las observaciones de algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG). /Urgente
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