El Ministerio Público investiga la muerte del reo Bonifacio Paco Baptista, de 27 años, en el penal de San Pedro en manos de otros reclusos, hecho suscitado el 27 de diciembre. Según la denuncia de fuentes cercanas a la víctima, tres policías están involucrados en este crimen, dos suboficiales y un sargento.
Página Siete tuvo acceso al informe psicológico del interno Junior A.C.L., quien es acusado de ser el autor material del hecho. El examen fue realizado el mismo día de cometer el crimen y el preso declaró al psicólogo que le pagaron 300 bolivianos para asesinar a Paco. Sin embargo, la versión oficial presentada públicamente por los policías fue otra; según el informe, lo que ocurrió fue un asesinato cometido por dos reos con un cuchillo en la sección Los Pinos cuando intentaron robar el celular a Paco.
La autopsia forense señala que la causa de la muerte fue un shock hipovolémico (desangramiento) a causa de una herida por un arma blanca.
Los internos agresores fueron identificados como Junior A.C.L., el autor material, y Jhonatan A.A.L., coautor. El segundo afirmó que no agredió a Paco en ningún momento, según el examen psicológico, y que el responsable lo quiere implicar sin motivo en el hecho.
La fuente ligada al fallecido afirmó que con estos exámenes se demuestra que la versión que presentaron los policías es errónea. Además, acusó al delegado de la sección Prefectura, donde estaba Paco, Gonzalo O., de ser quien pagó para que maten al recluso.
Resaltó que el suboficial Eddy V. B., encargado del área de disciplina del penal; el suboficial Juan Carlos B., encargado de reja de población; y el sargento V., encargado de la sección de Muralla, encubrieron este asesinato y otro crimen que pasó dos días después, cuando el amigo de Paco fue asesinado. No obstante, de este hecho no hay datos.
El gobernador del penal de San Pedro, Jhonny Rivera, afirmó que el caso se encuentra en investigación por el Ministerio Público y la División de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
Afirmó que para evitar cualquier tipo de contaminación en el proceso, se decidió enviar a Alvarado al penal de Chonchocoro. Mientras dure la etapa preliminar del caso en la vía penal, la dirección de la cárcel no tomará ninguna decisión.
Rivera señaló que tras el crimen han mejorado el sistema de seguridad para que no vuelvan a pasar hechos similares. “Se hacen patrullajes al interior de San Pedro, se hacen requisas sorpresivas y, además, se está haciendo un riguroso control en las secciones”, dijo Rivera.
La fuente ligada al fallecido acotó que según testimonios de algunos presos, el segundo crimen nunca fue investigado.
Relató que el amigo de Paco fue llevado a la sección Muralla, precisamente a la celda 13, una de las secciones más cerradas.
Allí, los reclusos vieron que los delegados de esta sección, Gonzalo R.T. y otros dos, llamaban a uno de los internos más peligrosos del penal, quien es apodado Pofca, para que matara al compañero de Paco.
Los reos trataron de informar a un capitán, ya que era el encargado de esa área, pero “negligentemente” no hizo caso, contó la fuente cercana a la víctima. Pofca acabó con la vida del joven acuchillándolo varias veces, señaló la denuncia.
La División de Homicidios de la fuerza anticrimen designó a dos investigadores que se encargan de establecer las causas y los responsables del crimen. Sin embargo, no se conoce ninguna denuncia del segundo asesinato, por lo que la Fiscalía no puede abrir la respectiva pesquisa.
Penal de San Pedro
- Capacidad Hay 800 espacios para los reclusos, pero el hacinamiento alcanza el 200%.
- Cantidad En el penal paceño hay más de 2.000 internos aproximadamente.
- Inauguración: El penal fue terminado de construirse e inaugurado en 1895, en la gestión de José Manuel Pando.
- Condiciones Según un reportaje del portal digital Connectas, en 2016 se registraron 25 muertos por enfermedades dentro de la cárcel.
- Costo de vida Los precios de alquiler de celdas cuestan hasta 2.000 dólares.
Piden auditoría por tobilleras y manillas electrónicas defectuosas
Marcelo Blanco / La Paz
El director general de Régimen Penitenciario, José García, anunció que se pedirá al Ministerio de Gobierno que haga una auditoría a los contratos para la adquisición de manillas y tobilleras electrónicas para reclusos, debido a que el material que les llegó presenta fallas.
“El tema de las tobilleras electrónicas es una preocupación nuestra, así como todo el equipamiento que el anterior gobierno ha efectuado a régimen penitenciario. Hemos pedido que se haga una auditoría de la misma, no vamos a aplicar (la distribución del material) todavía porque existen fallas”, declaró el coronel García.
Asimismo, reveló que se cuenta con aparatos detectores de droga que costaron mucho dinero pero que no funcionan. “No detectan absolutamente nada”, dijo ayer García durante la inauguración de la reunión interinstitucional de todas las instancias vinculadas a la temática penitenciaria en Bolivia.
El director de Régimen Penitenciario explicó que tanto la compra de manillas y tobillera, como la de los detectores de droga, representa un daño económico para el Estado, aunque no se conoce todavía el monto. Indicó que por eso es necesaria la auditoría.
“No se ha hecho la consulta respectiva a la unidad solicitante, que es la Policía Boliviana, que somos los técnicos en este tema de seguridad, no se hizo la consulta. Ha sido una compra unilateral que ha hecho el Ministerio de Gobierno en la gestión anterior y ellos sabrán responder por qué hicieron ello”, agregó la autoridad de penitenciarías.
Sostuvo que el Gobierno verá cómo implementar otro tipo de medidas de seguridad que no sean muy costosas. Por ejemplo, “estamos proyectando crear nuestra escuela de perros antidroga que es un proyecto que va a ser mucho más efectivo que una máquina que no detecta nada”.
Estas manillas y tobilleras eran parte de la segunda fase de implementación del plan de seguridad ciudadana Bol 110, pero hasta la fecha no fueron distribuidas.
En esta reunión interinstitucional participó la Organización de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), cuyo representante presentó estándares internacionales para el tratamiento de personas privadas de libertad.
PAGINA SIETE
Comentarios