El Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez elevó, la tarde de este viernes, una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para definir la legalidad o no de la cuestionada Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos, antes denominada ley de garantías, y solicitó una «medida cautelar» para detener el procedimiento legislativo hasta la emisión de una declaración constitucional, informó el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca.
«Hemos presentado un recurso de consulta previa de constitucionalidad ante el TCP, a efecto de que se pueda dar una revisión exhaustiva a este proyecto de ley de garantías que se ha aprobado en la Cámara de Diputados. Incluimos una medida cautelar que espera parar el procedimiento legislativo», informó a medios estatales.
Esa propuesta de ley establece garantizar los derechos de líderes políticos, sociales, cívicos y personas movilizadas en los conflictos de octubre y noviembre. Además los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) anunciaron que si la presidente Jeanine Añez no promulga la norma en un lapso de 10 días desde su sanción, lo harán desde el Legislativo.
Alanoca, en ese sentido, anunció que la Presidenta no promulgará esa norma hasta tener un fallo del TCP y aclaró que ese recurso fue presentado en el tiempo establecido por ley, porque el procedimiento legislativo no termina en tanto no se promulgue y publique la norma.
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