Crear juzgados y resolver causas serán prioridades en lucha contra feminicidios

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El seguimiento a los casos abiertos por feminicidio como prioridad para el Estado, además de la creación de juzgados especiales que brinden atención a las víctimas de violencia, son las principales acciones señaladas ayer por la presidenta Jeanine Áñez, al declarar 2020 como el ‘Año de la lucha contra el feminicidio e infanticidio’.

Al respecto, el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, informó que, a través del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización (Sepmud), se verificará el cumplimiento de los compromisos suscritos en agosto del año pasado por el Órgano Judicial y el Ministerio Público de resolver el 80% de los procesos por feminicidios que estaban pendientes.

La autoridad acotó que se realizarán auditorías a los casos abiertos que develen retardación de justicia.

En su discurso, la presidenta Áñez señaló que de los 117 casos de feminicidio registrados en la anterior gestión: 22 tienen sentencia condenatoria; 10 se extinguieron por muerte del agresor; 10 están con acusación formal; 52 con imputación, 18 en etapa preliminar, cuatro fueron rechazados; y uno se resolvió con sobreseimiento.

En cuanto a la creación de juzgados, Coimbra indicó que se realizará el seguimiento al Consejo de la Magistratura “para garantizar que se instalen juzgados especializados que brinden atención a las mujeres víctimas de violencia” y explicó que para esto es preciso que el Tesoro General del Estado (TGE) incremente los recursos destinados a esta institución.

Para esto, se está esperando resultados de un estudio del Consejo de la Magistratura para conocer los requerimientos en cuanto a la cantidad de juzgados que serán necesarios crear en el país, así como del presupuesto que será necesario.

Feminicidio en Potosí

Cuarenta y ocho horas antes de la declaratoria hecha por la presidenta Áñez, en Potosí se suscitó la muerte de Vianey Oquendo Gómez (23), que fue encontrada sin vida en su domicilio, señaló la fiscal departamental Roxana Choque.

Algunos testigos relataron que la última persona que estuvo con ella fue su concubino, con quien días antes había discutido en su domicilio.

Según el examen médico forense la mujer presentaba una herida con arma blanca en el tórax. El concubino, identificado como Pablo A.Q., horas después del hecho se presentó de manera voluntaria ante la Policía y el Ministerio Público formalizó la imputación en su contra por feminicidio. Con este son 11 los casos confirmados por este tipo de delito en el país en lo que va del año.

 ‘Guerra frontal contra violencia’

“Hoy le declaramos una guerra frontal a la violencia, abusos e indiferencia convocando a las instituciones del Estado, las organizaciones sociales, a las familias y a todos los bolivianos para que aportemos en la construcción de una sociedad equitativa y justa para vivir en armonía”, dijo Áñez, quien lamentó la ineficiencia del sistema judicial para evitar la violencia.

Según información oficial, en lo que va del año se registraron 12 feminicidios (sin embargo, la Felcv de Santa Cruz descartó uno), 683 denuncias de violencia y 168 casos de violación, cifras “de terror” para la mandataria del país.

“La retardación de justicia, la revictimización, la corrupción, la falta de información y la burocracia son males estructurales, necesitamos actuar, las familias quieren respuestas efectivas y para esto es importante una acción conjunta entre la sociedad y todas las instituciones”, indicó la primera autoridad del Estado.

Plazos y decálogo incumplidos

En julio del año pasado, el fiscal general, Juan Lanchipa, sostuvo que el Ministerio Público tenía entre sus prioridades la atención y solución de casos de feminicidio que, hasta entonces, por lo menos en un 80 % estaban sin sentencia.

En ese mismo mes, el anterior Gobierno presentó un decálogo para la lucha contra los feminicidios que entre sus puntos mencionaba un ‘pacto’ para que un porcentaje del presupuesto asignado a seguridad ciudadana, proveniente del IDH, se destine a la lucha contra la violencia; generar políticas de prevención desde el sistema educativo con los padres y maestros; eliminar la impunidad con la Policía, la Fiscalía y el Órgano Judicial; promover una cultura de valores; mejorar la atención de los funcionarios, entre otros.

EL DEBER


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