Jueza revela que Gobierno de Evo pagó para direccionar caso Terrorismo; apuntan a tres exministros

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La Paz, 7 de enero (ANF).- La jueza ciudadana del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sonia Mamani, presentó su renuncia al cargo y reveló que el gobierno de Evo Morales, de manera ilegal, pagó pasajes y viáticos a las autoridades judiciales de dicho Tribunal para direccionar el juicio contra los implicados del caso «Terrorismo», conocido también como asalto al Hotel Las Américas. Dos abogados apuntan a los exministros Hugo Moldiz, Jorge Pérez, Carlos Romero y a tres exviceministros como los autores de vulnerar la independencia judicial.

El Tribunal Primero está integrado por dos jueces técnicos Sixto Fernández y Elena Gemio, y las juezas ciudadanas Anastasia Calisaya y Sonia Mamani, esta última renunció al cargo.

El Tribunal debía resolver este lunes el tema de la renuncia; sin embargo, la audiencia fue postergada para el jueves. La jueza Mamani en su renuncia hizo conocer una serie de irregularidades que se cometieron a lo largo del juicio.

La Jueza relató que todos los viáticos y otros gastos que recibían eran cubiertos por el Ministerio de Gobierno, cuando lo correcto era que el Consejo de la Magistratura cubra todos los gastos de los jueces para la realización de las acciones judiciales.

Denunció que fue obligada a asumir el cargo y cuando pretendía renunciar por problemas familiares y económicos, tanto el juez Fernández como el abogado Filemón Escobar (jefe jurídico del Ministerio de Gobierno de la gestión anterior) la intimidaban y amenazaban para seguir con el juicio.

La jueza dijo que no se llevó un juicio “imparcial”, ni se aplicó de manera independiente la justicia, sino que se constituyó un Tribunal para condenar a los sindicados del caso Terrorismo, “sean o no culpables”.

Mamani refirió que ahora corresponde al Ministerio Público investigar este caso y determinar quiénes incurrieron en irregularidades en el juicio.

En abril de 2009, la Policía ejecutó el asalto al Hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz, para hacer frente a un supuesto grupo terrorista que pretendería asesinar al entonces presidente Evo Morales y convulsionar al país. En el operativo tres, personas extranjeras murieron y otros dos resultaron detenidas, debido a que según el Gobierno ellos planeaban realizar un magnicidio y promover el separatismo.

Luego el fiscal Marcelo Sosa emitió la acusación formal en contra de 39 personas, de las cuales, 22 fueron a juicio oral iniciado en 2012, cuatro fueron separadas por razones de salud y seis se acogieron al proceso abreviado. Luego, Sosa tuvo que huir del país y reveló que todo este caso fue montado por el Gobierno.

Apuntan a tres exministros

Los abogados Otto Ritter y Gary Prado interpusieron este lunes una denuncia penal contra los exministros de Gobierno, Hugo Moldiz, Jorge Pérez, Carlos Romero y contra los exviceministros de Régimen Interior, Marcelo Elio, Pedro Villa y José Luis Quiroga, quienes ocuparon ese cargo entre las gestiones 2012 a 2019.

Los abogados denuncian a los mencionados, y los que resulten implicados, por los delitos de uso indebido de influencias, conducta antieconómica, malversación de fondos, abuso de autoridad y asociación delictuosa.

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