El proyecto de ley de garantías para ejercicio pleno de derechos constitucionales fue rechazado por el Colegio Médico de La Paz, que anuncia una marcha en las próximas horas en contra la impunidad. Por su lado, un abogado constitucionalista sugirió a la Cámara de Senadores que envíe el proyecto en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional para evitar que esa normativa favorezca a las exautoridades que se encuentran prófugas o asilados en otros países después de la renuncia de Evo Morales y de Álvaro García Linera a la Presidencia y a la Vicepresidencia del Estado, respectivamente.
Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz y asesor del Ministerio de Salud, dijo ayer que “la población en su conjunto tiene que salir otra vez a las calles junto a los mandiles blancos para rechazar el proyecto de ley promovido por el MAS para dejar impune los hechos de violencia que se generaron después de las elecciones generales”.
La Cámara de Diputados, dominada por el MAS, aprobó el jueves el proyecto de ley de garantías para ejercicio pleno de derechos constitucionales que, según analistas políticos y abogados, está dirigida a librar al expresidente Morales de los hechos de corrupción cometidos durante su Gobierno y de la denuncia de terrorismo que pesa en su contra por promover el cerco a las ciudades para desabastecerlas de alimentos y de productos básicos durante los conflictos poselectorales.
El primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Henry Cabrera (MAS), aseguró que este proyecto no busca proteger a las exautoridades, como asegura el dirigente de los médicos.
Por su lado, el abogado constitucionalista William Bascopé sugirió a los legisladores del MAS que envíe a consulta el proyecto de ley al Tribunal Constitucional y sea esta, en una declaración constitucional, la que se pronuncie “sobre estas aberrantes contradicciones y atropellos a lo que dice la Constitución”.
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