El pasado viernes 31 de agosto, el cineasta boliviano Miguel Hilari denunciaba en sus redes sociales un acto de irregularidad por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) cuando éste y su compañero, Urbano Mamani, fueron impedidos de ingresar a Chile en la frontera de Chungará.
Ambos estaban invitados a presentar la película nacional “Compañía”, en la que Mamani es el protagonista, en la clausura del 3er Festival Internacional de Cine Documental “AricaDoc”.
“En Chungará, la Policía de Investigaciones de Chile nos negó el ingreso. El oficial Alex Quiroga dijo que Urbano ‘no podía acreditar su estatus de turista’. Intenté explicar que fuimos invitados a presentar una película, pero de muy mala manera el oficial Osvaldo Burgos me dijo que me retire y que ahora con mayor razón nos negaría el ingreso a ambos porque para eso necesitaríamos ‘un permiso especial de la Gobernación de Arica’”, apuntó Hilari.
En este sentido, el Ministerio de Culturas y Turismo (MCyT) de Bolivia ha solicitado de manera formal vía Cancillería, una respuesta oficial al Gobierno chileno de por qué se negó el ingreso de los bolivianos a Chile para participar del festival, realizado del 26 al 31 de agosto del año en curso, en la ciudad de Arica.
El hecho fue incluso denunciado por la Asociación de Documentalistas de Chile (ADOC) como un acto de “vulneración de derechos, arbitrariedad y discriminación” por parte de la PDI.
“Solicito a su autoridad su gentil colaboración en las gestiones necesarias ante el Consulado General de la República de Chile en el Estado Plurinacional de Bolivia, a objeto de obtener mayor información y conocer con mayor precisión las causales de la negación de ingreso de los cineastas bolivianos al vecino país”, precisa la nota oficial enviada al canciller Diego Pary por la ministra de Culturas y Turismo, Wilma Alanoca.
La misiva oficial también advierte “un acto de discriminación contra los ciudadanos bolivianos”.
Según la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh), en su último informe indica que el Gobierno de Chile tiene la entera responsabilidad de las prácticas discriminatorias realizadas por sus funcionarios.
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