Sube la presión contra Maduro y Chile sanciona a sus colaboradores.

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En el 208 aniversario de Venezuela, las Naciones Unidas aumentaron la presión sobre Nicolás Maduro para que responda por los casi 7.000 muertos durante la represión a opositores y los más de 793 presos políticos. En respuesta a la demanda internacional, la justicia venezolana, que responde a Maduro, ordenó la liberación de 22 presos políticos (de los 62 previstos), entre los que se encuentran la jueza María Lourdes Afiuni y el periodista Braulio Jatar.

A su vez, Chile impuso nuevas sanciones contra ejecutivos del Gobierno de Maduro y exigió a la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, que entregue el informe elaborado por su repartición a la Corte Penal Internacional (CPI) para que se impulsen más medidas contra Caracas.

Mientras tanto, la oposición venezolana reactivó las protestas contra Maduro al tiempo que el Ejecutivo realizaba sendos desfiles por el aniversario patrio.

El líder opositor Juan Guaidó pidió mantener la presión para sacar del poder a Nicolás Maduro, ante la merma de manifestaciones antigubernamentales unos cinco meses después de proclamarse presidente encargado de Venezuela con apoyo de medio centenar de países.

“No se rindan. ¡Lo vamos a lograr! ¡Lo vamos a lograr! No tengan duda”, clamó Guaidó, jefe del Parlamento, sobre el techo de una camioneta frente a miles de manifestantes que respondieron a su llamado a marchar en Caracas en rechazo a las “violaciones de derechos humanos” de lo que califica como una “dictadura”.

Sin Estado de derecho

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció ayer la “erosión del Estado de derecho” en Venezuela, advirtiendo también una vez más que las sanciones internacionales agravan la crisis en el país.

Bachelet, que presentó su informe sobre Venezuela que da cuenta del asesinato de miles de personas por parte de las fuerzas de seguridad, afirmó que el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, comporta en este país “un riesgo de represalias y de represión”.

El informe indica que desde 2018, cerca de 7.000 personas fueron asesinadas en casos supuestamente de “resistencia a la autoridad”, según el gobierno, durante operaciones de seguridad.

“Las principales instituciones y el Estado de derecho en Venezuela han sido erosionados”, dijo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Bachelet, que viajó a Venezuela del 19 al 21 de junio.

Pese a que se mostró muy crítica con Caracas, la Alta Comisionada estimó sin embargo que se tenía que “dar una oportunidad” al gobierno para poder hacer reformas, sin fijar una “fecha límite”.

Destacó un “nuevo compromiso” de Caracas después de la liberación de 62 detenidos hace unos días tras su visita y “ayer otros 22 -entre ellos el periodista Braulio Jatar y la jueza Lourdes Afiuni”.

Ofensiva chilena

Tras el duro informe de Bachelet sobre la situación en Venezuela, Chile anunció ayer la prohibición de ingreso al país de un centenar de allegados al gobierno de Nicolás Maduro.

Chile se suma a los países sudamericanos que han impuesto sanciones a personas vinculadas al gobierno venezolano. En enero Colombia prohibió la entrada a más de 200 colaboradores de Maduro, mientras que Argentina le cerró las puertas a más de 400.

“Vamos a prohibir el ingreso a Chile a más de 100 personas que están directamente ligadas con la dictadura de Venezuela”, indicó.

ElDeber


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