La adjudicación y autorización de asentamientos a 66 nuevas comunidades indígenas, campesinas e interculturales en tierras fiscales saneadas en San Miguel de Velasco (Santa Cruz) no solo levanta polvareda por el procedimiento consumado en la posesión, sino también desnuda una compleja realidad. En Santa Cruz, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos León, a tiempo de refutar las acusaciones de ilegalidad en la distribución, reveló que hay organizaciones productivas migueleñas que pretenden, de forma individual, adjudicarse tierras en áreas fiscales no disponibles y admitió que hay beneficiarios que bajo la nominación de ‘traspaso’ negocian tierras con súbditos extranjeros, especialmente colonos menonitas y brasileños.
En este último punto, León señaló que hay beneficiarios que bajo el nombre de ‘traspaso’ venden sus parcelas a terceras personas, generalmente ‘palos blancos’ de extranjeros. “Tenemos varias demandas y proceso penales en curso, más de 90, en contra de gente y exdirigentes, algunos supuestos empresarios, que pretenden engañar a la gente falsificando papeles, documentos y certificaciones en las comunidades. Es más, el INRA nacional está fortaleciendo el área jurídica para hacer respetar las tierras fiscales. Estamos avanzando en hacer respetar las leyes”, dijo.
Previo a la confesión, León desmintió las afirmaciones de ilegalidad en la dotación vertidas por autoridades municipales y cívicas de la provincia Velasco y de Santa Cruz. Aclaró que la distribución se dio en el marco de las competencias administrativas del INRA y cumpliendo el ordenamiento jurídico vigente. Además, subrayó que la tierra distribuida a las comunidades está dentro del área fiscal disponible identificada en el proceso de saneamiento en San Miguel.
Sobre las observaciones planteadas en sentido de que el uso de suelo de las tierras adjudicadas es forestal y ganadero, y no agrícola, León aclaró que el INRA atendió una solicitud y procedimiento administrativo de dotación de tierras requeridos por comunidades, cuyos demandantes no tienen tierras en el país.
Hizo notar que de las 66 comunidades beneficiadas, 18 son afiliadas a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y son personas de San Miguel; 34 pertenecen a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, donde hay personas del lugar y migrantes del interior; y 14 son interculturales. La superficie dotada abarca 127.965 hectáreas y 2.485 son las familias beneficiadas.
Productores ven inseguridad
En San Miguel de Velasco, los pequeños y medianos productores informaron a EL DEBER de que desde hace varios años son víctimas de constantes asedios en sus predios.
ElDeber
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