De acuerdo a datos de la Unidad de Bienes del Gobierno Municipal de Cercado, se tiene un
total de 63 vehículos públicos, entre vagonetas, camionetas, jeeps, buses y mini buses; la distribución de los motorizados en cada secretaría y unidad dentro de la Alcaldía, debe
ser de acuerdo a las necesidades en cada oficina.
El manejo administrativo dentro de la Alcaldía de Tarija es misterioso; para el concejal de Unidos Para Renovar (UNIR), Alberto Valdez, no se puede definir a ciencia cierta
quién es la persona responsable del manejo y control respecto al tema de vehículos.
“Lamentablemente de un tiempo a esta parte, pudimos ver denuncias en algunos medios de comunicación de algunas personas particulares estarían utilizando flotas que realizan
viajes hasta otros departamentos del interior del país, estos vehículos fueron comprados para un fin específico, para el deporte y personas de la tercera edad con la finalidad de darle uso a estos motorizados”, explicó.
La cuestión en este tema recae en quién brindó o firmó la autorización sobre el uso de estos vehículos para fines particulares y personales, además de qué forma se cubrieron los
costos para esto. Para conocer más sobre esta situación, Valdez, aclaró que solicitarán
las informaciones correspondientes para obtener respuestas claras en el manejo de estos motorizados a través de una petición de informe al Ejecutivo municipal.
“Se debe analizar si algunas unidades cuentan con el número suficiente de motorizados con
relación a poder prestar sus servicios, sobre todo aquellas unidades que verdaderamente necesitan un vehículo para realizar su trabajo”, enfatizó.
Valdez recordó que en una oportunidad se tenía programada una reunión a las
15.00 horas en el barrio San Blas, pero el personal del Gobierno Municipal de Cercado llegó con una hora de retraso a esta convocatoria. El motivo de este retraso fue debido a que los funcionarios se encontraban a la espera de un vehículo público de la Alcaldía para trasladarlos hasta esta reunión, la espera se prolongó desde las 14.30 horas hasta las
16.00.
“Vemos que existe personal que tiene que lamentablemente debe cumplir con sus funciones en horarios nocturnos para realizar inspecciones u otras actividades, creo que también están pasando por el mal manejo y distribución que se hace dentro
de la Alcaldía, es un tema netamente competitivo”, indicó.
Cargos ejecutivos dentro de la Alcaldía son los que principalmente deben contar
con la disposición de un motorizado para trasladarse a reuniones, actividades, eventos,
etc.; sin embargo, Valdez enfatizó que algunos secretarios podrían coadyuvar para que estos vehículos sean utilizados para los funcionarios dentro de sus secretarías.
En consulta con el encargado de la Unidad de Bienes del Gobierno Municipal de Cercado, Ramiro Auad, indicó encontrarse de viaje al momento; sin embargo, expuso que de
acuerdo a los datos de esta unidad, se tiene un total de 225 motorizados, pero no figuran motocicletas.
Algunos documentos a los que pudo acceder este medio de comunicación, se develó que se tienen alrededor de unas 101 motocicletas y cerca de 15 cuadratracks.
Alcaldesa usa el metro
Algunas autoridades toman la decisión de no utilizar un vehículo del Estado para trasladarse hasta sus oficinas, esta situación de alguna manera, brinda el ejemplo para la sociedad en su conjunto, tal es el caso de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien se traslada todos los días hasta su despacho utilizando el servicio del transporte público.
¿Una alcaldesa en Metro? pues sí. En su primer día laboral al frente del Ayuntamiento de la capital, Carmena no ha cambiado su rutina: a las 07.45 de la mañana salía solitaria de
casa rumbo a la estación de Arturo Soria, aunque en esta ocasión se topaba con la impertinente presencia de tres periodistas dispuestos a escoltarla, explica el portal Mundo.
Sanciones por el mal uso de bienes del Estado
El 31 de marzo de 2010 entró en vigencia la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, conocida como la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. En Bolivia se crea un nuevo tipo de penal por uso indebido de bienes y servicios públicos que ahora ya se regula como delito en el artículo 26 de la Ley 004 y establece dos significancias.
Una de ellas señala: El servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones, a las cuales tenga acceso en el ejercicio de la función pública, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años.
La segunda significancia indica que en el caso del uso indebido, el bien sufriere deterioro, destrozos o pereciere, la pena será de tres a ocho años y reparación del daño causado.
Por citar un ejemplo, en diciembre del 2018 una funcionaria del Gobierno Municipal
Autónomo de Santa Cruz de la Sierra fue acusada de los presuntos delitos de uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo y uso indebido de bienes y servicios públicos, por el capitán grande de Alto y Bajo Isoso, Gualberto Manuel Gamarra, y por el vicepresidente de la APG Bolivia Nación Guaraní, Pedro Lizárraga Sánchez, según informó El Deber.
De acuerdo con el denunciante, la acusada insultó a sus trabajadores y a vecinos que se encontraban en el lugar. “Llevar un vehículo oficial a querer tomar por la fuerza unos
terrenos que no le pertenecen es un delito y peor aún utilizando bienes del Estado”, expresó el denunciante.
ElPaís
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