El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edgar Montaño, anunció que solicitará informes a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para que se aclare porqué existen asentamientos y la deforestación de 651 hectáreas en el área protegida que está entre Tucabaca y Paquío, en el municipio de Roboré del departamento de Santa Cruz, y pidió que esas acciones sean sancionadas.
«No son asentamientos nuevos, pero han cometido este delito y hay que procesar, hay que verificar si han tomado la debida nota el INRA y la ABT, porque para todo ahora hay que pedir licencia y si es que ha dado licencia el INRA o la ABT entonces a ellos vamos a cortar la cabeza», informó en una conferencia de prensa.
Montaño recordó que el valle de Tucabaca fue declarado área de preservación ecológica, por el beneficio que brinda al ecosistema de la zona y por ende de toda la región del oriente de Bolivia, por su importancia en la generación de recursos hídricos, regulación del clima y las especies endémicas para su conservación.
Por su parte, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Reynaldo Díaz, pidió que se aplique la ley y se establezcan sanciones contra los causantes de daño ecológico.
«Nosotros creemos que hay que aplicar la ley y ser duro con ese tipo de avasallamiento que se produce más aún en una zona muy sensible», agregó.
Los habitantes del municipio afectado señalaron que la acción fue causada por particulares y no por pobladores.
El vicepresidente de los residentes de Roboré, Eder Santibáñez, en su denuncia a Radio ‘El Deber’, reveló que hay una asignación de 365 hectáreas dentro del valle Tucabaca, para el desmonte, situación que debe ser aclarada por la ABT que habría autorizado el desmonte.
ABI
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