Duró más la polémica previa que el informe del gobernador Adrián Oliva; tal vez porque a la bancada mayoritaria de la Asamblea no le acaban de cerrar los números, o no les gusta recordarlos. Después del tira y afloja, la sesión se fijó para las 14.30 del miércoles antes de compadres y el hemiciclo andaba medio vacío, sobre todo en las filas del fondo.
El Gobernador llegó rodeado de la mayoría de los secretarios y los directores más relevantes con una idea fija que posicionar: estamos saliendo de la crisis, pero falta. En ese discurso no hizo por atribuirse todos los méritos sino que los compartió con aquellos que apoyaron en la gestión de los créditos y fideicomisos – desde la Asamblea hasta el Gobierno Central – y aquellos que contribuyeron a desamarrar los proyectos más embarrados, pero también dejó un mensaje para navegantes en forma de hidrocarburos, un tema en el que normalmente no se mete al entender que Tarija debe dejar de pensar en ello: Los nuevos acuerdos firmados con Argentina son malos para el departamento y tendrán consecuencias.
El informe ya había entrado en plazo a la Asamblea y el Gobernador se limitó a exponerlo. Las cifras hablan por sí solas. Un dramático descenso de ingresos desde 2014 hasta la fecha, una cartera de proyectos de más de 7.000 millones de bolivianos comprometidos y un aparato institucional con numerosos demandantes de recursos – alcaldes, subgobernadores, campesinos – y pocas ganas de ponerlo fácil.
El grueso de los números se define en unas pocas diapositivas: la primera, la del destino de los fondos. De los 6.921.363.084 bolivianos que han pasado por el departamento entre 2015 y 2018, 1.690 millones han sido gestionados por ocho subgobernadores, 2.405 millones por el Gobierno Regional del Chaco, 187 millones por los municipios, 267 por el Gobierno Nacional en forma de contrapartes con sus entidades y 2.370 millones por la administración central.
Manejo
De 2015 a 2018 han ingresado menos de 7.000 millones de bolivianos a las cuentas departamentales
La segunda es la del volumen de deuda comprometida en proyectos: 7.461 millones de bolivianos en 2014 y 3.088 millones de bolivianos a final de 2018, con una proyección de acabar 2020 con 1.703 millones de bolivianos. La tercera es la del número de proyectos en cartera. En 2014 había 409, en 2018 201, es decir, la mitad.
Los números vienen a confirmar que la legislatura se ha dedicado a, básicamente, cerrar y entregar proyectos abiertos en la “era consentida” de Lino Condori, algo que la bancada del MAS, sin embargo no logra capitalizar luego de haber desplegado estrategia de cuestionamiento en lo económico. La habilidad de Oliva ha sido precisamente esa, lograr destrabar proyectos antiguos sin recursos económicos y hacer política con ellos apenas priorizando y dándoles una estructura planificada dentro de la “Agenda del Bienestar”, desplegada en cinco planes lo suficientemente amplios como para que todo quepa:
El plan Vida con el Oncológico, el Materno Infantil, el hospital de Yacuiba, los módulos del San Juan de Dios, etc.; el plan Dignidad con las conexiones de gas, luz y agua en todo el territorio; el plan Oportunidad con los caminos, la ruta al Chaco y las represas; el plan Alegría con las infraestructuras del deporte de la Villa Olímpica y otros planes nuevos como el fondo rotatorio o los impulsos dados a la producción vitivinícola, que permite atisbar otro horizonte, aún en medio de los problemas hidrocarburíferos.
Asamblea cita a Quecaña para rendir cuentas
El presidente de la Asamblea, Guillermo Vega, indicó que se ha citado para el próximo miércoles a la Máxima Autoridad Ejecutiva Transitoria del Gobierno Autónomo Regional del Chaco, José Quecaña, para que explique el manejo económico del 45 por ciento de la renta petrolera que maneja esa institución, sin embargo no existe respuesta sobre sí aceptará tal citación.
El entorno de Quecaña descarta una comparecencia en la Asamblea Departamental, peor si no se hace en tono de invitación cordial sino que se presenta como una exigencia desde la capital, algo que no caería bien en lo político. Sin embargo, es posible que Quecaña convierta la comparecencia en un acto reivindicativo y de exigencia de transferir las competencias y conciliar diferentes asuntos que todavía no se aclaran. También para hablar del 45 por ciento.
Ausencias y críticas
La comparecencia del gobernador Adrián Oliva fue rápida y sin preguntas, y a la salida tampoco abundaron los cuestionamientos, si bien desde la bancada del MAS y la bancada disidente de UD-A se apuntaron falencias y falta de valoración cualitativa del proyecto. Oliva tampoco se extendió en referencias ni críticas al nivel nacional y las diferentes medidas tomadas en el último tiempo, manteniendo un perfil dialogante.
Acostumbrados a las cifras del presidente Evo Morales, centradas en índices de desarrollo y comparaciones de magnitudes respecto al Producto Interior Bruto, el informe de Oliva careció de números relativos a los beneficiarios y el impacto de la gestión en los índices de pobreza o desempleo. Diversas fuentes advierten que los niveles de empleo no se han recuperado debido a la optimización de recursos fruto de la caída de ingresos y otras medidas nacionales, como el doble aguinaldo o el inminente incremento salarial, previsiblemente superior a la inflación en este año electoral.
ElPaís
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