El ministro de Gobierno, Carlos Romero, negó el lunes que haya una persecución política a dirigentes en los Yungas, departamento de La Paz, y ratificó que en ese sector hay «sicarios» que son investigados por el Ministerio Público.
«Lo que existe en los Yungas es una persecución penal no contra dirigentes, sino contra delincuentes implicados en delitos y relacionados con personas que guardan detención en cárceles de La Paz», dijo en conferencia de prensa.
Romero explicó que en los últimos tres años se identificó que en los Yungas hay un «grupo de choque, una organización de sicariato» implicado en «gravísimos hechos criminales».
Detalló que ese grupo está involucrado en avasallamientos mineros, resistencia a la erradicación de coca, desestabilización de alcaldes y disputas orgánicas.
Además, de secuestros, torturas, asesinatos, atentados con la vida, intimidaciones, extorsiones, quema de casas, sembradíos, lesiones graves y gravísimas contra gente que no tiene derecho a expresarse libremente.
El ministro rechazó la advertencia de los comunarios de esa zona de no dejar ingresar a la Policía, cuya misión es esclarecer al menos 50 denuncias de delitos comunes.
ABI
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