Justicia ratifica sentencia contra Ernesto Suárez.

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Ernesto Suárez, exprefecto de Beni y vicepresidente del Movimiento Demócrata Social, fue sentenciado a pagar Bs 8 millones en un proceso coactivo civil, con lo que queda inhabilitado para cualquier candidatura. Los Demócratas acusan de persecución política y aseguran que hay más de 20 líderes perseguidos con un centenar de procesos, por lo que anuncian que acudirán a instancias internacionales.

“El Movimiento Demócrata Social, ante la parcialización de la justicia en el país, acudirá a los organismos internacionales pertinentes para denunciar la persecución política y buscar tutela de los derechos de Ernesto”, Subrayó el gobernador cruceño, Rubén Costas, que enfrenta más de 20 procesos en su contra.

Costas, como presidente de Demócratas, respaldó a Suárez y denunció que desde la instalación del MAS como partido de gobierno se ha constituido como una de las estrategias fundamentales la persecución sistemática de los líderes de oposición. “Todo esto con un único objetivo, poner un precio extremo a la habilitación de Ernesto como candidato y ‘matarlo’ civilmente y políticamente, que vienen haciéndolo de una manera grosera, sistemática y perversa”.

Vladimir Peña, dirigente de Demócratas, dijo que estos procesos tienen la finalidad de debilitar a un proyecto político, de inhabilitar a sus principales líderes. Subrayó que hay más de una veintena de líderes, asambleístas y alcaldes procesados.

En respuesta, el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Edgar Montaño, descartó que el Movimiento al Socialismo esté persiguiendo a los opositores y pidió a Costas que no defienda la corrupción. “No hay ninguna persecución política contra nadie, lo que hay son denuncias y la justicia ha determinado que hay culpabilidad”, indicó.

Añadió que eso mismo ocurre con otras autoridades que están involucradas en actos irregulares, como José María Leyes, en Cochabamba. “De ninguna manera hemos hecho persecución política a nadie, ni a la oposición ni al oficialismo, es más, tenemos alcaldes en la cárcel porque no tapamos, por eso le pedimos al gobernador que transparente en sus filas políticas”, enfatizó.

Sobre el proceso

El exprefecto Suárez aclara que fue acusado de hacer una transferencia a cuentas fiscales a la Subprefectura de la provincia Vaca Díez, siendo que este modelo de asignación y transferencia sigue vigente y es legal.

Cuestiona la exclusión en el proceso del subgobernador que manejó los recursos, porque es esposo de una senadora del MAS. “Han utilizado este caso para dos cosas, la anotación preventiva de bienes y entrar a rematar mis bienes para recuperar Bs 8 millones que están pidiendo que devuelva sin haber majeado un solo centavo de esos recursos”, dijo.

ElDeber


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