El País.
El departamento de Tarija produce el 60 por ciento de los hidrocarburos de Bolivia y recibirá tan solo el dos por ciento del Presupuesto General del Estado (PGE) en el 2019.
El concejal, Alfonso Lema, recordó que el 20 de diciembre del 2018 se aprobó la Ley 1135 del Presupuesto General del Estado para la presente gestión, fueron aprobados 286.000 millones de bolivianos como presupuesto agregado y 214.000 millones de bolivianos como presupuesto consolidado.
A pesar de la existencia de autonomías, la mayor cantidad de recursos siguen concentrados en las 30 empresas públicas nacionales estratégicas -como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico, Bolivia TV, Boliviana de Aviación (BoA), la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) y otras- administran 86.000 millones de bolivianos, mientras que las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) llegan a los 40.000 millones de bolivianos. Es decir que menos del 50 por ciento de los recursos son administrados por las ETAs.
Las universidades públicas y las universidades indígenas administrarán cerca de 6.000 millones de bolivianos, los nueve gobiernos departamentales obtendrán 11.000 millones de bolivianos y los 237 gobiernos municipales más los dos gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos administrarán 21.000 millones de bolivianos.
Este año, los gobiernos municipales de Tarija administrarán un poco más de 1.500 millones de bolivianos, el Gobierno Autónomo Regional del Chaco tendrá 800 millones de bolivianos, la Gobernación del departamento obtendrá 1.644 millones de bolivianos y la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) casi 350 millones de bolivianos.
Lema explicó que si se suman todos los PGE desde el 2005 a la fecha se concluye en 2.25 billones de bolivianos que fueron administrados en 13 años por el Estado boliviano, tanto las entidades nacionales y autónomas, que no resolvieron los conflictos básicos en el país.
“Un detalle importante de la Ley 1135 es que las modificaciones presupuestarias van a poder ser realizadas directamente por los órganos ejecutivos de las ETAs, lo que evitará peregrinar desde los barrios comunidades para aquellas modificaciones en los proyectos ante los órganos legislativos”, señaló.
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